España pierde extranjeros afiliados a la Seguridad Social pese a la necesidad de millones de trabajadores

Los planes para conseguir la mano de obra que necesita la economía española, millones de trabajadores, según el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no están surtiendo el efecto esperado. Quizá por el frenazo de los sectores a los que más afecta la demanda laboral de extranjeros y de la economía en general. El hecho es que la Seguridad Social perdió una media de 5.720 afiliados extranjeros en noviembre (-0,2%), con lo que el penúltimo mes del año se cerró con 2.456.786 trabajadores inmigrantes inscritos en el sistema, según el departamento de Escrivá.

Es cierto que este descenso de los ocupados extranjeros el mes pasado contrasta con los ascensos registrados en septiembre y octubre, meses en los que se ganaron más de 18.500 y 6.400 cotizantes foráneos, respectivamente y que el Gobierno prevé un cierre de año mejor del esperado. También que en términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social subió en noviembre en 23.788 ocupados respecto al mes anterior, hasta un total de 2.485.897 cotizantes, 296.000 más que antes de la llegada de la pandemia, en febrero de 2020. Y que en los once primeros meses del año, el sistema ha sumado un total de 179.233 ocupados foráneos. Pero también que son muchos menos de los que urgen, hasta ocho y nueve millones en los próximos años, según cifró en su momento el propio Escrivá,focalizados en sectores como la construcción, la obra pública, la hostelería o la agricultura, entre los sectores más necesitados.

Del total de extranjeros afiliados, 831.888 procedían de países de la UE (33,9%) y 1.624.898, de terceros países (66,1%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Rumanía (333.533), Marruecos (302.912), Italia (158.978), Colombia (125.894) yVenezuela (123.066). Además, el sistema cuenta con 60.392 afiliados procedentes de Ucrania, 13.133 más que en enero, antes del inicio de la guerra emprendida en el país por Rusia.

El Gobierno aprobó a mediados de año la reforma del reglamento de extranjería, un real decreto que flexibiliza trámites para conceder autorizaciones de trabajo y que permite a inmigrantes sin papeles con dos años en España regularizar su situación si se forman, medida que busca cubrir puestos poco demandados. Un extremo que desató las alarmas de un efecto llamada de inmigración irregular que el Gobierno he negado.

La nueva legislación fomenta la figura del confidente y la lucha contra la economía sumergida, mediante la acreditación de 6 meses de trabajo irregular. En cuanto al arraigo social, el contrato que se presente para solicitar la autorización no se valorará por su duración, sino por su adecuación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Además, este podrá ser inferior de mínimo 20 horas en los casos que se acredite menores a cargo y la reforma también flexibiliza la posibilidad de presentar varios contratos.

Además, la reforma de julio pasado favorecer la permanencia de los estudiantes, incrementando sus posibilidades de trabajar y atrayendo con ello talento internacional. En este ámbito, se permite que los estudiantes compaginen trabajo y formación, siempre que sean compatibles con los estudios realizados y no superen las 30 horas semanales y se eliminan las restricciones a la incorporación de los estudiantes al mercado laboral tras la finalización de los estudios (hasta ahora era necesaria una estancia de tres años en España para poder obtener un permiso de trabajo).