Los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) tendrán ventaja en el cobro de la paguilla extra del 1,5% aprobada por el Gobierno y los sindicatos (CC OO y UGT) -y rechazado por CSIF, ya que será abonada en las nóminas de noviembre en concepto de atraso por el incremento retroactivo correspondiente al periodo de enero a octubre, por lo que la subida de 2022 será finalmente del 3,5%. Sin embargo, para los funcionarios de comunidades autónomas y entidades locales, el pago podría no materializarse hasta el 31 de marzo del próximo año, pese a que según establece el real decreto de eficiencia energética -en el que el Gobierno ha incluido la subida salarial a los empleados públicos- establece que debe hacerse efectiva antes del 31 de diciembre de 2022, aunque ofrece un margen de cinco meses para que incorporar ese desembolso extra.

Para ello, el Consejo de Ministros aprobó ayer que, “de forma excepcional en 2022″, se autoriza a las gobiernos regionales y ayuntamientos a formalizar “operaciones de endeudamiento a largo plazo o asignar recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación por el importe equivalente necesario para hacer efectivo el incremento retributivo al personal del sector público”. Este crédito extraordinario o suplemento de crédito -destinado únicamente a financiar la subida salarial adicional a los funcionarios- podrá incorporarse a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio siguiente, con tope de pago antes del 31 de marzo de 2023.

En el caso de que se tramiten modificaciones de crédito este mismo año, estas entidades podrán aplicar el artículo 177.6 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que “los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto suplementos de créditos en casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general serán inmediatamente ejecutivos”. Fuentes gubernamentales han confirmado que, “con carácter excepcional”, las entidades locales que no dispongan de recursos suficientes para financiar las modificaciones de crédito “podrán formalizar un préstamo en la cuantía necesaria con el Fondo de Financiación a Entidades Locales”, que “en ningún caso” podrá exceder del 1,5% de las obligaciones reconocidas netas en el Capítulo 1 del estado de gastos según la liquidación del presupuesto de 2021. Además, deberán cumplir estrictamente con las fechas marcadas por el real decreto, que marca la ejecución del pago antes de 31 de marzo.

El Gobierno ha encontrado así una salida a las reclamaciones de regiones, consistorios y cabildos, que criticaron la falta de diálogo del Ejecutivo y la obligación de tener que abonar unas cantidades adicionales que no tenían consignadas en sus Presupuestos. Por ello, Hacienda ha tenido que elevar el plazo de pago y facilitar financiación adicional a cargo de los fondos asignados en el próximo ejercicio.

En el acuerdo, rubricado solo por CC OO y UGT, también consta un aumento de las retribuciones públicas en 2023 del 2,5%, con la opción de incrementar hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal -un 0,5% más si la suma del IPC Armonizado de 2022 y del IPC Armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%, y otro 0,5% si el PIB nominal iguala o supera el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos de 2023-. Para 2024, los sueldos públicos subirán otro 2%, con un 0,5% adicional en función de la variación del IPC armonizado. Según explica Hacienda, la revalorización puede ser del 9,8% si se hacen cálculos en términos reales.

Este retraso en el pago -que no afectará a los más de 500.000 empleados del Estado- sí incidirá sobre los más de 2,2 millones de funcionarios, los 1,6 millones que pertenecen a las comunidades y los cerca de 600.000 empleados de los entes locales.