Díaz quiere topar el precio de los alimentos y Podemos otro impuesto extraordinario a las grandes superficies

El rodillo impositivo de los socios de Gobierno y sus ministros no frena. Al contrario, sigue acelerando a medida que se acercan las fechas electorales. La última ocurrencia ha llegado de la mano de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que pretende abrir una negociación con la empresas de la gran distribución para topar los precios de los alimentos básicos. “No hay nada que tensione más la vida de la gente que no poder hacer la cesta de la compra, y esto está pasando en nuestro país”, ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, que vuelve a culpar a los “márgenes empresariales” de parte de la subida de precios.

En una entrevista en eldiario.es, Díaz ha vuelto a señalar con el dedo a los empresarios para poner en duda sus beneficios porque “alguien” está utilizando la guerra y se está enriqueciendo por el camino. “Los oligopolios de nuestro país no solo están en el sector bancario o en el energético, tenemos cinco grandes distribuidoras de alimentación que concentran el 50% del mercado”, ha apuntado la vicepresidenta, que ha anunciado que en breve concertará una reunión con las grandes distribuidoras y las asociaciones de consumidores para llegar a un acuerdo.

Según han confirmado fuentes cercanas a la Díaz, el objetivo sería establecer un precio máximo de mercado para una treintena de los productos alimentarios más básicos, que serviría como un “escudo ante la inflación”, en el mismo camino de lo que se aprobó con las mascarillas sanitarias o la bombona de butano, aunque en este caso no se haría a través de ningún decreto ley, sino que se llevaría a cabo mediante un pacto entre las partes, sin necesidad de fijar los topes por ley.

Desde Podemos se ha aplaudido la propuesta de Díaz, calificada como “muy sensata”, aunque creen que se queda corta ya que tienen la intención de presentar al PSOE una proposición para crear un impuesto extraordinario a las grandes empresas de producción y distribución de alimentación, para poder así facilitar a las familias “cheques” de productos. “Se conseguiría algo similar a la propuesta de Yolanda Díaz, ya que nosotros utilizaríamos esos ingresos adicionales para que las familias pudiesen acceder a los productos de primera necesidad de forma mucho más asequible”, ha expuesto el coportavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Fernández.

En esta ocasión y sin que sirva de precedente, la propuesta podemita ha puesto de acuerdo a PSOE y PP, al menos en parte. Los socialistas ven complicada su aplicación y apuestan por las medidas ya tomadas, como la bonificación de 20 céntimos para los carburantes y la reducción del IVA en el precio de la luz y el gas, del 21% al 5%. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, se ha limitado a reconocer que el Gobierno es “plenamente consciente” de la mala situación de consumidores y productores por el incremento de los costes de producción provocados por la guerra de Ucrania, así como de los costes de la energía, de los fertilizantes y de los piensos, pero ha recordado que las medidas tomadas hasta ahora ya ha supuesto un gran alivio para las economías más vulnerables y ha recordado “los 169 millones de euros destinados a ganaderos lácteos y un segundo reparto a las comunidades autónomas de más de 193 millones destinados a los ganaderos de carne” y también al desarrollo de la ley de la cadena alimentaria, “muy demandada y que contó con el voto en contra del PP”, que pretende que no haya contratos alimentarios por debajo del coste de producción.

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido “más seriedad y menos ocurrencias”, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha apuntado que la propuesta de la líder del proyecto Sumar “puede sonar bien”, pero parece hecha “sin ningún tipo de rigor ni de trabajo detrás”. Se ha preguntado López Miras qué va a suponer para las empresas y los establecimientos, aunque beneficie a las familias, y cree que supondría dar las mismas ayudas a los ricos que a quienes menos tienen, por lo que él aboga por trabajar en que se “reduzcan los costes para las empresas, los agricultores, los invernaderos o el sector de la pesca”.

En un escenario de escalada de precios prolongada, Díaz ha señalado que los “salarios son víctimas de la inflación, no son los causantes de ella”.

En este punto, la vicepresidenta segunda ha reiterado que los sindicatos “tienen razón” en cuanto a sus reivindicaciones salariales y están defendiendo el interés general. “Cuando la patronal española tiene razón, se la he dado. Y cuando los sindicatos tienen buenas ideas, también se la doy”, se ha defendido.

Ha reiterado así a los agentes sociales que vuelvan a la mesa de negociación. “La patronal española tiene que estar a la altura: tiene que revalorizar los salarios. Se han registrado en julio tan solo 450 convenios colectivos, lo que indica es que se está bloqueando la negociación de esos convenios y esto es malo para nuestro país”, ha lamentado. PLANAS DESCARTA UN IMPUESTO A LA DISTRIBUCIÓN

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una entrevista publicada este domingo por Europa Press, descartó imponer un impuesto al sector de la distribución, pero le pidió responsabilidad para que el alza de los precios sea “lo más limitada posible”, al tiempo que consideró que fijar un precio mínimo en bienes y productos de alimentación esenciales no es posible legalmente, ni tampoco “deseable”.

Sobre la posibilidad de un gravamen a la distribución, tal y como ha reclamado su socio de gobierno Unidas Podemos, Planas afirmó que los impuestos aplicados al sector financiero y energético “están llenos de lógica”, si bien no es el caso de la distribución.

“No creo que sea el caso, en estos momentos, de la distribución, al menos hasta ahora, quiero decir que todos los elementos de la cadena, incluida la distribución, se han comportado de forma correcta. Espero lo haga en un inmediato futuro también”, señaló el ministro de Agricultura.

| 05/Sep/2022 15:08:45 (EUROPA PRESS) 09/05/15-08/22