El plan de ahorro energético lleva al caos a las autonomías: no saben cómo sancionar, cómo aplicar la norma o cómo exigir su cumplimiento

El plan de ahorro energético presentado por el Gobierno hace aguas antes de entrar en vigor. La falta de concreción de algunas de las medidas, la falta de consistencia para la aplicación de posibles sanciones, la dificultad para aplicar la norma y el no haber sido consensuado con las comunidades autónomas, invadiendo sus competencias, ya que la aplicación debe de hacerse a través de ellas, han elevado las críticas y amenazado con llevar esta normativa a los tribunales en algunas de las comunidades, como es el caso de Madrid, Murcia o País Vasco. Las administraciones denuncian las prisas, la falta de información y el caos que ha provocado este decreto, del que no saben cómo debe articularse sin incumplir otras normativas y ni siquiera se sabe cómo aplicarlo y hacerlo cumplir.

En cinco días, espacios comerciales, edificios públicos, hoteles o estaciones de transporte tendrán que haber adaptado sus instalaciones al plan de ahorro energético aprobado el pasado lunes por el Gobierno y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De no hacerlo, se exponen a multas que van desde los 60.000 euros hasta los 100 millones de euros en los casos de mayor gravedad, según el régimen sancionador ligado a la normativa, la Ley de Industria de 1992 actualmente en vigor. Sin embargo, en el texto publicado en el BOE no se incluye específicamente el régimen sancionador de oficial aplicación, por lo que a las administraciones regionales les surgen las dudassobre si debe aplicarse esta ley de industria o simplemente los reglamentos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado o el de instalaciones térmicas en edificios, ambas incluidas en la Ley de Industria, pero con diferente aplicación.

Además, el baremo de sanciones de entre 1.000 y 60.000 euros de las faltas leves, las que reconoce el Ministerio de Transición Ecológica que se aplicarían en estos casos –descartando las graves y muy graves, que van desde seis y hasta 100 millones–, tampoco se ha especificado, por lo que «cada una de las comunidades podría aplicar de forma aleatoria el importe de las multas», se quejan fuentes de varias de las administraciones involucradas.

También surgen dudas sobre la aplicación de la limitación del aire acondicionado a una temperatura mínima de 27 grados. Las comunidades no saben si ajustarse a lo previsto en el Real Decreto 486/1997, que regula que en los locales en los que se realiza una actividad profesional «ligera» no pueden superarse los 25 grados, o al nuevo decreto publicado en el BOE, el Real Decreto-ley 14/2022, que lo regula a 27. «No sabemos si rectifica a ese o no. Nadie nos especifica nada», critican.

Todas las comunidades reconocen que el decreto es necesario, pero critican la forma en la que se ha aprobado. «Si es competencia de las comunidades tendría que haberse contado con nosotros para su elaboración», recuerdan desde la Comunidad de Madrid, que se plantea ya denunciar este plan en el Tribunal Constitucional, paso al que se podrían unir otras, como Murcia o País Vasco, aunque son mayoría las que han elevado quejas de una u otra forma sobre la falta de información, las inconcreciones y las dificultades para su aplicación. Critican que «la reunión de la Conferencia Sectorial de Industria no sirvió para casi nada, solo para imponernos el real decreto sin más explicaciones», se quejan fuentes madrileñas. «No parece razonable que se haya celebrado una conferencia sectorial y no conozcamos el contenido de ese plan, con medidas estéticas más que en medidas reales», se quejó el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde.

Otra de las cuestiones que trae de cabeza a los gobiernos regionales es cuál de sus consejerías, departamentos o instituciones debe asumir las competencias para controlar su aplicación y sancionar a los que la incumplan. Desde la Comunidad de Madrid han remitido al Gobierno que les aclare «de dónde y de quién depende la competencia sancionadora». Por ejemplo, en Galicia han decidido que se encargue la consellería de Energía, pero «no se puede clarificar» aún cómo se articulará porque «aún estamos estudiando el Real Decreto». En la Comunidad Valenciana, en primera instancia decidieron que lo asumiría Industria, pero finalmente será Economía Sostenible, Comercio y Trabajo quien asuma las competencias. En otras, como Andalucía, todavía «estamos estudiándolo» antes de decidir. En el País Vasco se hará a través de la consejería de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, cuya titular, Arantxa Tapia, cargó ayer contra las «medidas efectistas» del Gobierno central, al que le recordó que «nosotros tenemos nuestro propio plan».

Con este contexto, algunas de las comunidades gobernadas por el PP se plantean acudir a los tribunales. Madrid y Murcia ya han advertido que analizarán «al detalle» el plan de ahorro energético antes de decidir si lo aplican, mientras Andalucía asume su cumplimiento aunque no descarta acciones legales «porque un recurso no exime de su cumplimiento», y Castilla y León esperará «a que nuestros técnicos analicen el decreto para tomar una decisión». También el Ejecutivo murciano que lidera Fernando López Miras ha adelantado que van a estudiar todas las posibilidades jurídicas que ofrece el decreto para estudiar su aplicación o no. Desde Galicia, el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, criticó que el Gobierno pidiera la «colaboración» de las comunidades pero no contara con ellas. «No parece razonable que se haya celebrado una conferencia sectorial y no conozcamos el contenido de ese plan ni cómo se va a aplicar en cara territorio».

El Congreso prevé convalidar en un Pleno extraordinario a finales de este mes el plan con estas nuevas medidas para el ahorro y la eficiencia energética, que se ha incluido en el decreto. La previsión es que esa sesión tenga lugar la semana del 22 de agosto, previsiblemente el día 25, y que se incluya también en el orden del día el debate y votación de otros dos decretos leyes, normas que entran en vigor cuando se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero que deben recibir el visto bueno del Congreso en los 30 días siguientes a su aprobación.