Las energéticas rechazan el impuestazo y el Gobierno avisa: las vigilará de cerca

Sube la tensión entre las empresas energéticas y el Gobierno a cuenta del nuevo impuesto a los supuestos beneficios extraordinarios que obtengan estas empresas en 2022 y 2023, por el que se pretenden recaudar 2.000 millones al año. La Asociación Española del Gas (Sedigas) ha sido la más explícita en su rechazo a la propuesta del Gobierno y ha lamentado la «retórica beligerante» que considera que ha adoptado el Ejecutivo en el anuncio de la medida. La patronal eléctrica Aelec ya había explicado que sus asociadas (Iberdrola, Endesa y EDP) no tienen beneficios extraordinarios como consecuencia de los elevados precios de la energía y además «la actual crisis está reduciendo sus resultados».

En el caso de Sedigas, donde se encuentra Naturgy, entre otras empresas del sector, la reacción ha sido más contundente en este primer asalto tras su cara a cara con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, de esta mañana. Un asalto en el que también estuvo presente Aelec y en el que se pretendía abordar el plan de respuesta europeo ante una eventual crisis energética por el más que posible corte de suministro de gas ruso a Europa, pero en el que también se ha tratado el impuestazo y sus derivadas.

Sedigas ha remarcado que el «impuestazo» genera «inseguridad jurídica por su naturaleza retroactiva» y que podría motivar conflictos con inversores y procedimientos arbitrales de larga duración que podrían terminar trasladándose a las finanzas públicas, argumenta Sedigas en una clara advertencia a la oleada de litigios que podría emprender el sector contra el Gobierno. Sedigas recuerda que la aplicación de un impuesto de esa magnitud recaudatoria tras un 2020 de pérdidas en todos los sectores energéticos tiene impactos concretos en el funcionamiento, la operativa, la rentabilidad y la sostenibilidad en el medio y largo plazo de las empresas, «que son agentes generadores de riqueza y empleo para el país».

Inaudita retórica beligerante

«Necesitamos medidas de reactivación y protección de la economía, no de penalización o castigo. En este sentido, es inexplicable y preocupante la retórica beligerante contra las empresas energéticas», se queja Sedigas, especialmente en un momento en el que España busca posicionarse como un «hub» europeo del gas debido a su potencial de regasificación, con alrededor del 25% de las plantas de este tipo en Europa.

Pero el Gobierno no escucha al sector y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que la norma que regulará estos impuestos incluirá la prohibición de que se repercutan en los precios finales que paga el consumidor. «Se va a prohibir la repercusión de ese gravamen al precio final y se le va a dotar a Competencia (CNMC) de todas las funciones para que vigile y aplique sanciones en caso de que se vulnere la legalidad».