El gas para 70 años que España no quiere explotar

En 2014, cuando la fiebre del «fracking» trató de desembarcar en Europa, en España había nada menos que un centenar de permisos exploratorios, entre los otorgados y los pendientes de tramitar, para sondear el gas y el petróleo que se esconde en las principales cuencas. El éxito de la fracturación hidráulica en Estados Unidos, que le ha convertido en el mayor exportador de gas natural licuado del mundo, sobrepasando a Qatar, tras convertirse en 2019 en el mayor productor de petróleo del planeta, hizo que Europa, con grandes bolsas de hidrocarburos en Francia y Polonia, y en menor medida en España, sopesara sondear sus recursos de combustibles fósiles nunca bien explorados.

Y habría hecho bien España en hacerlo a tenor de la situación actual. Mientras Estados Unidos ha pasado de ser un importador neto de gas a ser el mayor exportador del mundo en solo diez años gracias al vertiginoso incremento de su producción de un 70% desde el año 2010,España sigue dependiendo al 99% de las importaciones de hidrocarburos y Centroeuropa, del gas ruso.

La caída de los precios del gas, alimentada por los países exportadores para desincentivar la extensión del «fracking» a Europa y la presión de ambientalistas, consistorios, que derivó en la prohibición del «fracking» por parte de varias comunidades autónomas, llevó a la cancelación de las prospecciones.

El resultado es que una de las escasas alternativas al gas ruso es la importación de GNL estadounidense, cuyos precios por megavatio hora le salen a Europa un 40% más caros que los rusos como consecuencia de la logística necesaria para el traslado y tratamiento, salvo que Washington apruebe un «descuento de guerra».

¿Pero realmente existe una reserva de gas en España? En ese 2014, el Gobierno de Rajoy estimó que había posibilidades reales de obtener ingentes recursos de hidrocarburos por «fracking». Para ello, estableció un plan de incentivos tributarios y no tributarios para que las comunidades autónomas, ayuntamientos y los propietarios de terrenos se beneficiaran de parte del nuevo impuesto, que rondaría el 7%, sobre el valor de la producción de petróleo y gas.

Se trataba de vencer las reticencias de las regiones y los ayuntamientos, necesitados de ingentes recursos tras la durísima recesión, ante los riesgos de impactos medioambientales en los acuíferos y la generación de sismos.

El tributo preveía gravar la exploración y, en su caso, la explotación de hidrocarburos sobre el valor de la producción extraída. Si se realizaba en el mar, se beneficiaba la comunidad autónoma más próxima al yacimiento.

Además, se aumentaba el canon de ocupación que ya pagaban las empresas con autorizaciones de explotación y se establecía un retorno del 1% del valor de la producción anual para los propietarios de los subsuelos de los terrenos explotados. El Gobierno contaba a su favor con la premisa de que la ordenación del sector energético y, del subsector gasístico, es una competencia exclusiva del Estado. Industria tenía sobre la mesa informes que aseguraban que, en un escenario intermedio, España disponía, en el caso del gas natural, de un nivel de recursos de unas 70 veces su demanda anual.

En 2040, el año de mayor producción estimada y de permitirse la explotación, el impacto sobre el PIB de los recursos propios de hidrocarburos equivaldría a uno 44.400 millones de euros, mayor que el de otras actividades como el transporte o el sector primario.

Varios informes respaldaban las tesis del Gobierno. Un estudio realizado por Deloitte para el «lobby» de las compañías de prospección y explotación mediante «fracking» estimaba un escenario base de 2.000 millones de barriles equivalentes de petróleo y 2.500 bcm (miles de millones de metros cúbicos de gas natural). Esas cifras equivalían, en aquel 2014, a esos 70 años de consumo de gas natural, así como unos recursos de petróleo suficientes para cubrir el 20% de las necesidades durante 20 años.

El «lobby» de las compañías de prospección se frotaba las manos con cifras que calificaba de «espectaculares» y calculaba que, todo el gas que albergaba España conforme a una probabilidad de extracción del 50% tenía un valor de 700.000 millones de euros, mientras que el petróleo tiene un valor de 150.000 millones, con lo que España tenía «prácticamente una cifra equivalente al PIB» bajo tierra. Con los precios actuales, esa riqueza sería incluso mayor.

Durante más de 20 años, España dispondría de un saldo neto exportador de gas y reduciría las importaciones nacionales de crudo un 20%. El impacto del desarrollo de la actividad en términos de empleo, supondría, para el escenario medio, una generación de puestos de trabajo directos e indirectos que superaría las 260.000 personas en el año de mayor impacto. Esta cifra llegaría en el escenario alto a los 755.000 empleos por la explotación de estos recursos fósiles.

Un caramelo desperdiciado en el país de la UE con menos sondeos realizados y que, según el Colegio de Desde el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, dispondría de 45 años de reservas de gas natural.

Cinco cuencas prospectivas, menos riesgo que una mina

España es un país semiexplorado en materia de hidrocarburos. Las principales áreas prospectivas son la Vasco-Cantábrica, Pirenaica, Ebro, Guadalquivir y Bética. En todas ellas ha habido actividad minera, lo que facilita su conocimiento. Sobre los riesgos sísmicos, el Colegio de Ingenieros de Minas indicó que los posibles temblores por el «fracking» eran «imposibles de ser apreciados a no ser por los geófonos próximos».

En las zonas sometidas previamente a esfuerzos y que pueden inducir sismos de baja intensidad, estos serían similares a los 1.000 que se producen al día en el mundo sin consecuencias. De hecho, la energía liberada durante «fracking» es muy inferior a la liberada por el colapso del hueco abierto en un a mina clásica.