Ribera suaviza el “rejonazo” a las eléctricas en los contratos a la gran industria para calmar al PNV

Las dos grandes eléctricas españolas, Iberdrola y Endesa, se revalorizan en los mercados por encima del 2,5% después de que la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, haya abierto la puerta en su comparecencia ante el Pleno del Congreso a una suavización del decretazo que contempla la confiscación de 2.600 millones a las energéticas. Ribera ha afirmado que el Ejecutivo no pretende aplicar el recorte de “beneficios extraordinarios” a las eléctricas por la escalada de precios en el gas cuando suministren energía a las industrias a “precios razonables”.

El PNV y la patronal vasca Confebask habían mostrado su disconformidad con el decretazo y solicitado al Gobierno que asumiera o aplazara el 45% de la factura eléctrica ante la amenaza de ralentización de la industria en plena recuperación como consecuencia de la previsible subida de las tarifas a los grandes consumidores ya que las eléctricas no pueden vender energía a pérdidas. Con esta medida, el Gobierno busca al menos la abstención del PNV a un decretazo que los nacionalistas vascos no ven con buenos ojos.

RIbera considera que el objetivo del decretazo es no aplicar este recorte a “quienes garanticen ‘exnovo’ precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas”, con el fin de “impulsar la cobertura de precios razonables para la industria”. Si este “objetivo” se plasma en el decreto implicará que las eléctricas que ofrezcan contratos a los grandes consumidores con precios previos a la escalada del gas o prorroguen los contratos vigentes, sin actualizarlos de acuerdo al rally eléctrico alcista, no verán afectados por el hachazo.

Antes, la vicepresidenta ha anunciado su intención de “completar” este plan de choque “en las próximas semanas” con “medidas adicionales que garanticen la cobertura con contratos bilaterales y precios razonables para los consumidores industriales” y también “reforzar la posición” de aquellos consumidores vulnerables acogidos al bono social.

Asimismo, Ribera ha incidido en que “las previsiones de septiembre (cuando se aprobó este decreto ley) han quedado desfasadas”, algo que “obliga a revisar medidas adoptadas ya” y “adaptarlas”.

El sistema no funciona

Pese al desfase, la negativa de Bruselas a secundar al Gobierno y los retoques que se anuncian en las próximas semanas, Ribera ha defendido su tijeretazo a los beneficios extraordinarios de aquellas tecnologías que, sin asumir -a su entender- el sobrecoste del gas en los mercados internacionales, han recibido retribuciones muy por encima de sus costes de generación por este alza.

Ribera ha subrayado el carácter temporal de esta medida, hasta el próximo 31 de marzo, que el recorte es proporcional a la cotización del gas y que, en todo caso, no se aplica a aquellos casos en los que no se haya interiorizado en sus ventas de energía el sobrecoste del gas natural, ni a quien “haya garantizado precios estables antes de la escalada”.

La vicepresidenta ha explicado las causas que han provocado un encarecimiento del gas en los mercados internacionales y ha esgrimido que esta causa “no puede traducirse en un incremento de toda la electricidad”, por lo que cree que mantener el actual mercado marginalista “no es viable” ante una situación de este tipo que se prolongue en el tiempo. Esta posición choca frontalmente con la opinión de la Comisión Europea, que ayer mismo defendió este mercado como la mejor opción para asegurar la estabilidad del mercado eléctrico europeo y la transición verde.

“Sobre todo cuando los costes reales de generación no se corresponden con el incremento de precios medios del sistema”, ha abundado Ribera. Las estimaciones del Gobierno recogen que cada encarecimiento en 1 euro/MWh en el precio del gas supone en los mercados mayoristas 2 euros/MWh más, y todo ello independientemente de “cuánta energía barata” hubiera en el ‘pool’, debido al funcionamiento de este modelo.