El Gobierno sigue buscando argumentos para defender el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra, a la que el Estado ha inyectado 53 millones de euros a través del fondo de ayuda de empresas estratégicas. Ayer, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esgrimió que la aerolínea es una de las 20 aerolíneas españolas con licencia tipo A, «compañías esenciales para el sostenimiento» del «hub» del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, sobre el que añadió que «no solo hay que preservarlo en tamaño, sino hacerlo aumentar para que sea competitivo con países del entorno».

Lo cierto es que el volumen de pasajeros que mueve Plus Ultra es más que modesto para ser una compañía «esencial» y es uno de los puntos que más se han puesto en cuestión sobre su presunto carácter estratégico. En 2019, antes de la pandemia, la compañía transportó 156.139 pasajeros, menos del 0,1% del total de los que se movieron en los aeropuertos de AENA. La «esencial» compañía apenas tiene en su flota cuatro viejos aviones Airbus A-340-300 y A-340-600 que, además, ya no se fabrican por ser muy contaminantes. Sin embargo, desde el Gobierno insisten en que se trata de una compañía que garantiza la conectividad con Suramérica a precios asequibles a un colectivo de migrantes que, de otra manera, no podría viajar a su país de origen.

Defensa del Ejecutivo

El Gobierno lleva días insistiendo en que Plus Ultra, a algunos de cuyos accionistas se vincula con el régimen chavista de Nicolás Maduro, cumple con los requisitos para ser rescatada. Asegura que la SEPI encargó tres informes independientes para analizar la concesión de la ayuda a la aerolínea. Los análisis fueron realizados por el banco de inversión Daiwa Corporate Advisory, la consultora Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Los informes recogen que la compañía cumple los requisitos para acceder al Fondo de Solvencia y que, además, debe ser considerada «estratégica» tanto por su relevancia para la economía como por su papel en la conectividad aérea del país.

Ayer mismo, el Ministerio de Transportes, ante las informaciones que aseguran que la AESA elaboró el informe definitivo para el rescate, aseguró que tal afirmación es «falsa» y que el dictamen de de esta agencia se realizó a petición de la SEPI y para analizar cuestiones relacionadas con la seguridad aérea.

Esta agencia, según el Ministerio de Transportes, realiza una supervisión económica y financiera que tiene como único objetivo «garantizar que las compañías aéreas disponen de la capacidad financiera suficiente para asegurar que la operativa se efectúa con la debida seguridad operacional». Por lo tanto, “tampoco analizó ni opinó sobre el plan de viabilidad presentado por la compañía para devolver las ayudas públicas”, según explicó el ministerio.

A pesar de las abundantes explicaciones que está ofreciendo el Gobierno en los últimos días, desde la oposición la ayuda sigue muy cuestionada. Tanto, que Vox anunció ayer la presentación de una querella contra el Consejo de Ministros y contra el Consejo Gestor del Fondo. En dicha denuncia, el partido que lidera Abascal destaca que dicha aerolínea no reúne los requisitos establecidos para ser beneficiaria de la ayuda, porque no es una empresa estratégica con relevancia en su sector, ni tampoco sus pérdidas vienen provocadas por la Covid-19 como exige la norma. Además, la formación pone en cuestión la idoneidad de las personas que están al frente a la aerolínea.