Más impuestos y vehículos privados fuera de las grandes ciudades. Eso es lo que se le viene encima al transporte. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana va a presentar hoy la Estrategia de Movilidad, Segura, Sostenible y Conectada 2030 con la que pretende dar “un nuevo enfoque en las políticas y su planificación” al sistema de transportes español, según explica en el resumen ejecutivo del que ha denominado como “Documento para el Debate”. La estrategia, articulada en nueve ejes, apunta, en el relativo a “Nuevas políticas inversoras”, que “resulta necesario promover una fiscalidad verde de todos los modos de transporte”.

Desde que gobierna, el PSOE ha tratado ya de impulsar diversas medidas encaminadas a encarecer la fiscalidad del transporte. Antes de que la tormenta del coronavirus diera al traste con la agenda política del Gobierno español, los responsables económicos de Pedro Sánchez pusieron en marcha la maquinaria para crear un impuesto a los billetes de avión. El objetivo de esta tasa, según la consulta pública del Ministerio de Hacienda, es «adecuarse a la media del resto de los Estados miembros en materia de fiscalidad medioambiental». Pero aunque en primera instancia lograra incrementar la recaudación, sus efectos secundarios no serían menores. Un estudio de los profesores Arturo Benito y Gustavo Alonso, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE), perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), asegura que un impuesto a los billetes de avión puede tener un coste de hasta 1.000 millones de euros para España y 34.000 empleos para el sector de las aerolíneas, uno de los más vapuleados por la Covid-19.

Otro de los anhelos del Ejecutivo es la equiparación de los impuestos del diésel y la gasolina. Como ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se trataría de una medida progresiva y que excluiría el combustible usado por los profesionales del transporte. El objetivo final de la misma sería desincentivar el uso de las energías contaminantes, como puede ser el diésel. Pero la realidad es que también supondría un buen revulsivo para las arcas públicas. Según un reciente estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la equiparación fiscal de ambos combustibles elevaría la recaudación en 2.393 millones de euros.

Peajes en las autopistas

El Gobierno también va a poner sobre la mesa el debate en torno a la fiscalidad y los modelos de gestión y financiación de las carreteras estatales. Es decir, la conveniencia o no de extender los peajes a todas las carreteras de gran capacidad. Desde hace tiempo, el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, viene advirtiendo de que las arcas públicas están muy tensionadas y de que hay que tomar una decisión sobre si seguir conservando estas carreteras con cargo a los Presupuestos o implantar peajes. Una filosofía, la del pago por uso, que entronca con la filosofía que defienden desde Bruselas de que el que contamina, paga.

La estrategia que presentará el Gobierno también abogará por incentivar medidas “para al abandono del coche privado” en las ciudades. Además, apunta a que se tratará de "optimizar los medios de transporte colectivos y compartidos en el ámbito interurbano y rural; se revisarán las obligaciones de servicio público (OSP) del ferrocarril aplicando criterios de coordinación e intermodalidad; se apostará por una accesibilidad universal a las infraestructuras y los transportes; y se avanzará en la liberalización del transporte ferroviario de viajeros. De momento, el año próximo el operador público francés, SNCF, comenzará a prestar servicios en tres corredores del AVE a través de su filial Rielesfera.