El vicepresidente económico de Rubiales dice al juez que contrataba con las empresas bajo sospecha «porque trabajaban bien», pero niega que desviara fondos de la Federación Catalana.

El vicepresidente económico de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Andreu Subies, mano derecha de Luis Rubiales y ex presidente de la Federación Catalana, justificó ayer en la Audiencia Nacional las adjudicaciones de obra a la empresa Tastavins. Según explicó al magistrado Santiago Pedraz, «no existían normas de licitación» y se eligió a esta sociedad –administrada por otro de los investigados, José Contreras, ex directivo de la territorial catalana– porque «trabajaban bien» y «siempre había sido así», aseguraron fuentes jurídicas. Pero Subies negó el sobreprecio en el coste de las obras, del que se habrían beneficiado la mano derecha de Rubiales y el mismo Contreras. En particular, la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se centra en las reformas de unas dependencias de la Federación Catalana de Fútbol y en la rehabilitación de un local destinado a oficinas.

Contreras, según esas mismas fuentes, reconoció al instructor y a las fiscales de Anticorrupción, Esther González e Inmaculada Violán –que se mostró especialmente minuciosa en su interrogatorio–, que fue Tastavins la que se encargó de las obras de reforma en el restaurante de su mujer en Cambrils (Tarragona) y en un piso propiedad de su esposa en la misma localidad. Aunque, eso sí, dejó claro que fue ella la que pagó esos trabajos «en efectivo» y con dinero que no procedía de esos supuestos sobrecostes, que también negó, en las obras encargadas por la territorial catalana.

Tras tomarles declaración, a primera hora de la tarde el juez Pedraz acordó dejar en libertad tanto a Subies como a Contreras, desoyendo a la Fiscalía, que reclamó al magistrado que retirara a ambos el pasaporte y les impusiera la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado. El magistrado, sin embargo, decidió dejarlos en libertad sin medidas cautelares –como había hecho antes con los otros tres investigados en este pieza separada del «caso Soule»: Albert Baza, ex secretario general de la Federación catalana; José María Castillón, administrador general de la RFEF, y Miguel Pardo, director gerente de Mupresfe, la mutualidad de los futbolistas– al no apreciar riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas y reiteración delictiva. No obstante, los cinco siguen investigados por apropiación indebida, administración desleal y corrupción entre particulares a la espera de que la UCO analice la documentación incautada en los registros del pasado martes.

Según fuentes presentes en la declaración, los imputados –que no se negaron a contestar a las preguntas de Anticorrupción– no señalaron al ex presidente de la RFEF Ángel María Villar.

Por otra parte, fuentes de las defensas hicieron hincapié en que la Federación Catalana de Fútbol es una entidad de derecho privado y, dado que las subvenciones que recibe «no llegan al dos por ciento», sus adjudicaciones de contratos de obra «no se sujetan a la Ley de Contratos del Sector Público».