La Sindicatura de Cuentas presentó esta pasada semana su informe de fiscalización sobre el entorno del Ayuntamiento de Valencia entre los años 2019-2021. En el mismo, se establecen hasta 23 «deficiencias significativas» sobre el entorno de control «que representan un riesgo para la propia organización administrativa y su grado de transparencia, la fiabilidad de la información económico-financiera, el cumplimiento de la normativa aplicable, la protección de los activos y el propio control interno ejercido por la Intervención», señala el informe.

Algunas de esas deficiencias corresponden a las subvenciones concidades por el Consistorio durante este periodo. En este sentido, el Síndic afea al Ayuntamiento del exalcalde Joan Ribó, que incumple en alguna concesión de subvenciones la obligación de suministrar la información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, es decir, que no proporciona la información requerida.

Además, dice el Síndic, la entidad no ha certificado que se remita en plazo la documentación que acredite el cumplimiento de las condiciones de subvenciones concedidas por otras Administraciones.

En este sentido, llama también la atención que, del total de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Valencia e 2019 (32,8 millones de euros), casi la mitad, 14,7 millones de euros, se aprobaran de manera directa y sin pasar por el régimen de concurrencia competitiva. De dicha cantidad, según queda recogido en el informe, 8,3 millones eran ayudas previstas nominativamente en elos presupuestos, y el resto, 6,4 millones, eran Subvenciones en las que concurrían «razones de interés público, social o económico» que dificultaban la convocatoria de dichas ayudas.

Contratación y compras

En este apartado el informe señala también algunas incidencias significativas. Entre ellas, llama la atención que «la entidad no ha certificado que se motive correctamente la tramitación de urgencia o de emergencia en los contratos. Tampoco ha certificado, señala el informe, que se hayan seleccionado todos los contratistas según los principios de publicidad, transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, e integridad.

Igualmente, apunta el documento, no se ha certificado que, al margen de lo establecido para los lotes, en 2019 no se haya efectuado fraccionamiento del objeto del contrato.

En materia de personal, se apuntan varias irregularidades, como el hecho de que, en lo que se refiere a los cargos electos, «no consta la existencia de la declaración individualizada de incompatibilidades», y no se haya publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las retribuciones y dedicación de los miembros dela corporación. Además, «el complemento de productividad, que lo cobra todo el personal del Ayuntamiento, no está vinculado a sistemas de evaluación de objetivos», apunta el informe.