Podemos carga de nuevo contra los empresarios y acusa a Boluda de “succionar recursos públicos”

Tras un empresario, otro. Después de que Podemos iniciara la semana pasada una ofensiva contra el presidente de Mercadona, Juan Roig, ahora ha puesto el foco en el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, a quien acusan de “estar demasiado acostumbrado a que sus éxitos dependan de las subvenciones púbicas” y de “seguir succionando los recursos públicos”. Así lo ha puesto de manifiesto el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, tras reunirse con representantes de la Comisión Ciutat-Port de València para tratar asuntos relacionados con el modelo de ciudad, entre ellos la ampliación norte del puerto de Valencia, y con quienes ha asegurado coincidir en su voluntad de “avanzar hacia un modelo más sostenible”.

El vicepresidente segundo ha cuestionado asimismo que detrás de estas grandes obras en la Comunitat “lo que hay es destrucción del territorio y corrupción, y no podemos permitir que eso vuelva”. Así, ha pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que “escuche las demandas ciudadanas que están empujando para frenar una operación que puede degradar nuestro territorio y poner en cuestión ecosistemas fundamentales y queridos como es el caso de la Albufera”.

Illueca, candidato de Podemos a la presidencia de cara a las elecciones de mayo, ha empleado un tono más electoral, por lo que ha advertido que la postura de su formación “coincide” más con las exigencias de la organización, “que tienen que ver con la voluntad de avanzar hacia un modelos más sostenible”.

Por su parte, David Adrià, miembro de la Comisión Ciutat-Port de València, ha insistido en que “revertir esta ampliación es saldar la deuda histórica que el Puerto tiene con La Punta, Nazaret y el Parque Natural de la Albufera”. La organización cívica tilda además este proyecto de “extemporáneo”, que además “ignora las numerosas declaraciones de emergencia climática que se han hecho a lo largo de los últimos años”.

La Comisión Ciutat-Port acusa a la Autoridad Portuaria de València de haber actuado como un organismo “opaco, en la línea del resto de los gestores de espacios portuarios en el Estado, amparada por su anacrónico y antidemocrático estatus jurídico, que comporta la indefensión de la ciudad frente a un inmenso espacio industrial, situado en sus mismas puertas y que tiene potestad para contaminar sin consultar ni rendir cuentas a esa ciudadanía”.