La principal tarea de cualquier departamento de Sanidad que se precie, sea autonómico o estatal, debería de ser la de prestar la atención sanitaria que requieren los ciudadanos. A esta ardua labor, la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana, bajo el mando de Ana Barceló, suma una buena colección de causas judiciales a las que enfrentarse, bien sea porque la demanda ha venido de fuera o porque la propia Conselleria ha iniciado el litigio.

En este último grupo se encontraría, por ejemplo, la demanda que el Departamento de Barceló ha anunciado que interpondrá por la compraventa de acciones entre DKV y Ribera Salud en el Hospital de Denia, un centro que se encuentra em régimen de concesión y que hasta antes de la venta pertenecía a ambas empresas (65 por ciento DKV y 35 por ciento de Ribera Salud).

A pesar de que la Comisión Nacional de la Competencia autorizó la operación, la Conselleria de Sanidad anunció el pasado día 2 de febrero que llevará ante los tribunales esta transacción basándose en un informe elaborado por la Abogacía de la Generalitat -todavía desconocido- que defiende las irregularidades en esa operación de compraventa.

Sin embargo, la presidenta del comité de empresa de Marina Salud, Carmen Sanchis, señaló tras reunirse con Barceló que los representantes de la Conselleria no les ofrecieron demasiados detalles al respecto “para que no desvelar su estrategia”. Según les dijeron, el retraso en el informe de la Abogacía del Consell se debía a que faltaba la escritura de compraventa, pero ya la han conseguido.

No es la única causa que la Conselleria de Sanidad mantiene con Ribera Salud. La empresa denunció a la Administración el pasado mes de octubre por “hackear” sus servicios informáticos para obtener información antes de que se cerrara el proceso de reversión de este centro hospitalario. La Conselleria de Sanidad respondió en aquel momento que simplemente accedió a información a la que tenía derecho y acusó a la empresa de “obstruir” el proceso.

Además, el grupo popular en Les Corts presentó el año pasado dos denuncias contra el Departamento de Barceló tras conocerse que diversos cargos públicos de varios partidos habían recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid de manera anticipada e irregular.

El PP inició la vía contenciosa a raíz de que el diputado José Juan Zaplana solicitara el listado «de todas las personas a las que se les ha administrado la vacuna sin estar incluidas en la lista inicial de grupo prioritario para la primera fase de vacunación». Reclamaba, además, que se especificara cuando se tratara de funcionarios y el puesto que ocupaban.

El pasado mes de octubre el TSJ emitió sendas sentencias en la que reconocía que debió facilitar determinada información. En concreto, el número de personas que se vacunaron de manera irregular, indicando cuántas de ellas ostentaban la condición de funcionarios. Pero la sentencia obligó a dejar al margen la identidad y la fecha de la vacunación «por afectar a la intimidad».

La Conselleria de Barceló recurrió estas sentencias y por el momento no ha habido ninguna novedad.

Los últimos varapalos judiciales para la Conselleria de Sanidad han sido quizás también los más dolorosos. Se trata de la sentencias que reconocen que este Departamento no ha actuado de manera adecuada de cara a los profesionales sanitarios durante la pandemia, ambas emitidas durante el pasado mes de enero.

La primera de ellas condena a Sanidad por no haber protegido correctamente a los sanitarios en el inicio de la pandemia. La sentencia, que responde a una demanda interpuesta por los sanitarios de Alicante, establece indemnizaciones de entre 5.000 y 49.180 euros y culpa a la Conselleria de no haber dispuesto material sanitario de protección.

La segunda, en la misma línea, responde a una demanda interpuesta por los sanitarios en el juzgado de Benidorm, y la sentencia va en el mismo sentido: Sanidad debe indemnizar a los sanitarios con cuantías que oscilan entre los 2.000 y los 6.000 euros.

Otra sentencia, emitida una semana después, condena a laGeneralitat por no vacunar al mismo tiempo contra el coronavirus a los médicos que ejercen en el sector privado y los de la Sanidad pública.

En vistas de los innumerables asuntos judiciales a los que se debe enfrentar la Conselleria de Hacienda ha autorizado una ampliación de crédito por un importe total de 8.465.275 de euros, con la finalidad de proceder al pago de los intereses en ejecución de sentencias judiciales que afectan principalmente a la Conselleria de Sanidad.

Según la resolución del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), fechada el pasado 21 de diciembre, tanto la Conselleria de Sanidad como la de Universidades tienen pendientes de liquidar obligaciones derivadas de sentencias judiciales y los créditos consignados en el capítulo de gastos financieros de sus presupuestos son insuficientes.

En consecuencia, y de acuerdo con los datos y relaciones de sentencias facilitados por ambas Consellerias, se procede a incrementar ese capítulo en el subprograma Servicios Generales del programa de Prestaciones asistenciales, farmacéuticas y complementarias de Sanidad en 7.560.175 euros, y en el programa de Dirección y servicios generales de Universidades en 723.099 euros.