El gerente de la Empresa Municipal de Transporte (EMT), Josep Enric García Alemany, solicitó al Tribunal de Cuentas las diligencias sobre la estaba de 4 millones de euros por considerar que no corresponde a la jurisdicción contable su enjuiciamiento mientras haya una causa penal abierta. Así consta en un escrito con fecha 14 de noviembre y al que ha tenido acceso EFE, en el que García Alemany argumenta también para el archivo de esta causa que del relato de los hechos y de la documentación “se desprende que no existe responsabilidad contable por ninguno de los administradores ni directivos de la sociedad”.

En el texto, el directivo recuerda que los hechos fueron denunciados ante la Policía Nacional y actualmente los investiga el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. Alega que, en el caso de entenderse procedentes el enjuiciamiento contable, “la estafa sufrida por EMT Valencia no tiene naturaleza informática”, porque aunque se hayan falseado cuentas de correo electrónico, “no se ha accedido de forma remota a ningún equipo” de la empresa “ni se ha extraído información por este método”.

Además recuerda que la fraude consistió en que los supuestos estafadores se hicieron pasar por el presidente del consejo de administración, Giuseppe Grezzi, y por un abogado del despacho que asesora fiscalmente a EMT para “ganarse la confianza de la jefa de negociado de Administración, Celia Zafra, la cual, cambiando los procedimientos de pago establecidos, ordenó ocho trasferencias a dos cuentas bancarias de dos sociedades domiciliadas en China”.

García Alemany señala que la empresa “ha tenido en cuenta” todas las consideraciones y recomendaciones efectuadas en cada auditoría a las que se ha sometido en los últimos tiempos que recomendaban “un plan de injerencias de carácter informático” a la vez que “mejorar el sistema de pagos y firmas autorizadas”.

El escrito detalla que todas las autorizaciones están “convenientemente recogidas en escritura púbica” y en la operativa de cada entidad figura en el contrato suscrito con la entidad las personas autorizadas para preparar transferencias y las autorizadas también para ordenarlas".

“En cuanto a las conciliaciones bancarias, el documento de conciliación bancaria con el que trabaja EMT contiene los extremos expresados en el informe de la sindicatura, tipo de operación, fecha de elaboración y expresión de la persona preparadora y revisora”, agrega.

Respecto al plan de contingencias informáticas, asegura que se han realizado “numerosas acciones” y prueba de ellos es que los hechos no tiene origen informático, “la contrario de lo que se afirma en el escrito que inicia” las diligencias del Tribunal de Cuentas."Los accesos a la red y equipos de EMT Valencia son seguros y no ha habido ninguna fuga de información por este medio", sentencia el texto, que asegura que “la realidad es que no ha habido negligencia profesional alguna”.

Según argumenta, la estafa ha sido posible porque sus autores “persuadieron a una directiva de la empresa de un nivel inferior, actualmente despedida y que no se encuentra entre las citadas como posibles responsables contables, para saltarse los procedimientos establecidos, sabiendo ellas que los protocolos de transferencia eran otros”."

Además, es importante matizar que esta operativa no hubiera sido posible sin la actuación de la entidad de crédito, que ejecuta las transferencias ordenadas por Zafgra sin tener a disposición los supuestos originales de las cartas de pago ni las facturas que estaba pagando", agrega y resalta que la operativa “era totalmente nueva” respecto a las habituales de a EMT.

También señala que en el momento en que se descubre la estafa el 23 de septiembre, la dirección de la empresa denuncia los hechos a la Policía Nacional y a la policía china, solicita la pericial informática e interpone las acciones pertinentes en España y China para “esclarecer los hechos” y “recuperar el dinero sustraído”.

Según afirma, “resulta patente que no existe responsabilidad contable ni de reintegro por alcance de ninguno de los directivos y administradores mencionados en el escrito de inicio del presente procedimiento ni de ningún otro de la entidad. Todos ellos han actuado con la diligencia debida, exigible a los responsables y gestores de la empresa”.

Ocultación de información

Al respecto, la portavoz popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, señala la “gravedad”, de esta petición. “En primer lugar porque el archivo se pidió el 14 de noviembre por lo que el Gobierno municipal ha estado ocultando esta información a todos los valencianos durante más de un mes y, en segundo lugar, porque demuestra el nulo interés en depurar responsabilidades y recuperar el dinero”.

Catalá ha pedido, además, explicaciones a los socialistas: “O Compromís les ha vuelto a engañar o son cómplices de esta ocultación gravísima a la oposición. Es incomprensible que ayer el Gobierno de Joan Ribó y el PSPV aprobara denunciar la estafa al Tribunal de Cuentas, con dos meses de retraso, cuando hace un mes solicitó el archivo.”

La portavoz ha advertido de las posibles consecuencias ante el Tribunal dado que “estas contradicciones pueden perjudicar a los intereses generales de todos los valencianos que tienen el derecho de recuperar los cuatro millones de euros estafados.”

Catalá ha vuelto a reclamar el cese del concejal Grezzi y del gerente de la EMT. “Ayer Grezzi estuvo ocultando a todos esta información durante más de ocho horas de pleno y encima hizo gala de su transparencia. Esta nuevo episodio de ocultación y falta de transparencia les deja a él y a Ribó en evidencia”

El PP se personó el lunes en el procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas aportando toda la documentación que obra en su poder para que se analice por parte del Tribunal y se depuren las posibles negligencias.