El Govern admite que no puede asumir el coste de la renta universal por hijo para erradicar la pobreza infantil

En Cataluña, 1 de cada 3 niños y adolescentes es pobre. Así lo demuestra la Encuesta de condiciones de vida del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), que asegura que 442.300 de niños y niñas se encuentran en situación de pobreza o en riesgo de exclusión. De estos,167.771 están en riesgo de pobreza severa.

Ante esta alarmante situación, el Govern ha presentado hoy una estrategia para erradicar la elevada tasa de pobreza infantil en Cataluña. Esta iniciativa, que recoge un total de 12 propuestas a desarrollar en cinco años, busca «cortar de raíz la transmisión generacional de la pobreza». La principal de ellas –y la que aseguran que lograría acabar con esta problemática de manera más rápida y eficaz– es una ayuda universal de crianza para todas las familias con menores a su cargo. Esta renta costaría 1.300 millones de euros, que es la cifra restante de dar a cada padre o madre 100 euros al mes por cada hijo menor de edad. Una cantidad que, según aseguró ayer el Govern, Cataluña no puede asumir.

En la presentación de la propuesta, el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano ha admitido que «la Generalitat no tiene la capacidad presupuestaria para aprobar esta renta». Campuzano también añadió que Cataluña «hoy tiene límites en términos presupuestarios» que se derivan de su condición como comunidad autónoma y de la que considera la principal debilidad de la política social española: la falta de una prestación universal por crianza.

«No tenemos capacidad de esfuerzo presupuestario, no podemos asumirlo. Tiene que hacerlo el Estado», ha añadido el conseller, que ha recordado que el presupuesto de Salud, Educación y Derechos Sociales es de 12,7 y 3 millones de euros respectivamente.

A este reclamo se ha añadido también la consellera de Educación, Anna Simó. «O hacemos cambios estructurales en los ingresos de la Generalitat o no podremos dar los saltos cualitativos y cuantitativos que necesita el país», ha dicho Simó aludiendo al déficit fiscal catalán. La consellera, además, ha insistido en que «cada año se van 22.000 millones de euros y no vuelven».

Entre las demás acciones del documento, destaca la escolarización gratuita de 0 a 3 años, la universalización del ocio educativo y actividad fuera de la escuela o el programa que la conselleria de Salud ya ha puesto en marcha para prevenir y abordar la obesidad infantil. Además, una medida para avanzar en un modelo de atención integral a la salud mental y adicciones infantojuveniles y el impulso de un programa de abordaje de la pobreza energética.

El informe también hace una radiografía de la situación y destaca los dos condicionantes clave de la pobreza infantil: el empleo de los padres y el precio de la vivienda. Los efectos de esta pobreza, además, los arrastran los adolescentes que dejan los estudios, y así, hacen que la pobreza se transmita de generación en generación. «Estas tasas de pobreza son inaceptables. No podemos normalizar que el código postal de nacimiento predetermine el futuro», ha añadido Campuzano.

Simó cerró el acto remarcando que la educación puede contribuir a «romper este ciclo intergeneracional» y señalando la necesidad de acciones contra la brecha digital a partir de quinto de primaria y de políticas lingüísticas para favorecer la integración de la población infantil recién llegada.

La entidad que ha pilotado todo el proceso ha sido Save The Children. Su director general, Toni Pérez, ha agradecido que por primera vez se tiene «un marco con todas las entidades y las conselleries poniendo la infancia en el centro y planteando las medidas a abordar».