“No nos callaremos ante el inadmisible ataque a la convivencia del nuevo proyecto de Decreto del régimen lingüístico del sistema educativo catalán”, denuncia la plataforma constitucionalista Escuela Para Todos. Y lo apoya la Asamblea por una Escuela Bilingüe, dirigida por Ana Losada, que lamenta que “la Generalitat pretende sancionar a profesores y directores que no hablen siempre catalán en la escuela Y muchos catalanes y resto de españoles ya han normalizado esta hispanofobia Algunos piensan que el fascismo está por llegar cuando ya lo tienen delante de sus narices”.

Denuncia el documento de Escuela Para Todos sobre este nuevo decreto que “más allá de su evidente infracción de la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional sobre oficialidad de las lenguas y presencia de éstas en la educación, supone la consagración de la exclusión del español, consecuencia de la declarada hispanofobia del nacionalismo, que pretende convertir en impropia la lengua materna de la mayoría de los catalanes, la que es oficial, junto con el catalán y el aranés en Cataluña y la que nos une con el conjunto de los españoles y con la comunidad mundial de hispanohablantes. El Decreto abandona ya los disimulos. El nacionalismo ahora ya hace expreso que la única lengua oficial del sistema educativo es el catalán (artículo 16) y que el castellano es una lengua que se aprende, pero que no es lengua de la institución”.

Añaden que “la obsesión por la exclusión del castellano lleva a que se haga explícito a nivel normativo que todas las actividades del centro, incluidas las reuniones que realice el personal del mismo, tendrán que realizarse en catalán, así como en las relaciones con las familias y con personas externas del centro (artículos 4 y 6). La rotulación ha de ser exclusivamente en catalán, en aranés (en Arán) y en la lengua de signos catalana. No podrá ser en la lengua materna de más de la mitad de los catalanes”.

“Esta imposición del catalán va acompañada de medidas de exclusión lingüística, como son los requisitos de conocimiento de la lengua catalana no solamente por docentes (que deberán acreditar el nivel C2 de catalán, superior al que ahora se exige) sino también al personal que trabaje en los centros educativos. La lengua como herramienta de exclusión y con el objetivo de levantar barreras lingüísticas que dificulten la movilidad de trabajadores y familias”.

Sigue el documento señalando que “todo este aparato inquisitorial de fiscalización y sanción no opera en el vacío, sino que descansa en nuevos órganos que tendrán la función de vigilar que se cumpla la exclusión del castellano; en concreto, la comisión del proyecto lingüístico, que no solamente participa en la elaboración de éste, sino que vigilará su cumplimiento, así como la evolución de los usos lingüísticos del centro. La fiscalización de la lengua que utilizan los alumnos, las familias, el personal docente y quienes se relacionan con el centro pasará a ser objeto explícito de vigilancia”.