Torra: “No hay ninguna ruta para conseguir la independencia de Cataluña”

El ex presidente de la Generalitat Quim Torra ha apostado por no acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a un 25% de castellano en las aulas aunque esto pueda conllevar inhabilitaciones en el Govern: “Estamos en conflicto con el Estado español”.

Lo dijo en una entrevista del 324 ayer miércoles, tras ser preguntado por si defiende no acatar la sentencia aunque pueda resultar en la inhabilitación de algún conseller o miembros del Govern, a lo que Torra respondió que “sí”.

Criticó el acuerdo para modificar la Ley de Política Lingüística, y recordó que durante su mandato “no se aprobó ninguna declaración en el Parlament que dijera que el catalán pasar a ser una lengua más de uso en las escuelas”, por lo que cree que se podría haber hecho algo diferente.

Por otro lado, consideró que en la actualidad “no hay ninguna hoja de ruta ni horizonte” para conseguir la independencia de Cataluña, a diferencia de 2015 momento en el que cree que sí que la había.

Ha puesto en valor “la fuerza de la sociedad catalana, que en 2015 daba la sensación de que se iba a algún sitio”, con respecto a la independencia, por lo que ha lamentado que en la actualidad esto no sea así, según él.

“Es necesario que la gente no se sienta decepcionada ni enfadada, sino que digan ‘adelante’. Hay muchas cosas por hacer si nos fijamos un horizonte. Lo que me duele es la situación actual de que parece que nos dicen que no puedes hacer nada y que tú a la jaula autonómica”, añadió.

Preguntado por una eventual vuelta a Cataluña del expresidente Carles Puigdemont, dijo que “puede ser un punto de inflexión” pero cree que para ello el independentismo debe prepararse y saber qué se hará.

Por último, sobre el caso de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de presuntas irregularidades cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ha querido mostrarle su apoyo, y ha afirmado que “pone las dos manos en el fuego” porque cree que los hechos que se le atribuyen no son ciertos.

Actualmente, hay una clara ofensiva de la Generalitat contra el castellano en las aulas en plena recta final para cumplir con la sentencia que obliga a impartir el 25% -una asignatura más que la propia de lengua- en español. El plazo fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña termina este viernes 25 de marzo, el lunes es el primer día en que la orden debe entrar en vigor en todo el sistema educativo y el Govern activa su plan para plantar cara y esquivar su cumplimiento: se sumaron a la huelga del 23 de marzo en contra del bilingüismo e incluso organizará un acto a las puertas del Parlament, mientras ultima una argucia legal en forma de decreto -que no verá la luz hasta dentro de 8 meses o un año- para esquivar el fallo.

En concreto, el consejero de Educación Josep González Cambray (Esquerra) ha anunciado que el Ejecutivo desplegará una nueva normativa para “fortalecer el modelo lingüístico y dotar de más seguridad los proyectos lingüísticos de los centros educativos”.

Un nuevo paraguas jurídico para desarrollar la ley de educación de Cataluña y del que poco -o nada- se sabe más allá de su voluntad final: fortalecer e incrementar el catalán y asegurar que los estudiantes que terminen la etapa obligatoria lo hagan con las competencias adquiridas en ambas lenguas como escudo ante la sentencia judicial a favor del 25% de castellano en las aulas. “Responderemos a los tribunales con este nuevo marco normativo”, ha advertido el dirigente tras confirmar que no pedirá a los centros que ajusten sus proyectos lingüísticos a la legalidad.