Tres años, dos gobiernos y una pandemia después, Estado y Generalitat volverán a sentarse frente a frente en una mesa el próximo lunes para abordar y negociar varios aspectos económicos y sociales pendientes. El último encuentro de la bilateral fue en agosto de 2018, con Quim Torra al frente del Govern y un Pedro Sánchez recién llegado a la Moncloa. Ahora, la cita llega tras los indultos del “procés”, en plena operación deshielo y en un clima enrarecido por los vaivenes y desplantes de Pere Aragonès, el único que no acudirá a la conferencia de presidentes autonómicos de mañana en Salamanca.

Pese al desplante, afeado desde todos los rincones del tablero político, la Generalitat acudirá el lunes a la bilateral con una larga lista de exigencias: 56 traspasos de competencias pendientes, 3.800 millones de la disposición adicional tercera del Estatut y reclamaciones como una ley del Audiovisual que tenga en cuenta el catalán. Eso sí y a pesar de la larga lista de asuntos pendientes, la novedad es lo que no se tratará: la gestión de los fondos europeos Next Generation, algo que enfada a la Generalitat ya que sí se abordará en la reunión de presidentes autonómicos de Salamanca.

Aragonès se enroca

Este mediodía, e presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticado el cónclavede este viernes y al que no asistirá porque considera que “los fondos (europeos) no se deciden con una intervención de 5 minutos del presidente de la Generalitat”.

Aragonès ha asegurado que el Govern llevará el tema de los fondos a la comisión bilateral del lunes “y todos los otros ámbitos de interlocución con el Estado”, pese a que el Gobierno ha descartado incluir los fondos europeos en el orden del día de ese encuentro.“Cataluña tiene muchos proyectos, tiene una gran capacidad de intervención y tiene todo el derecho a recibir los fondos necesarios para hacer esta reconstrucción verde, digital y que llegue al conjunto del territorio y con equidad”, ha defendido.

Becas, la comisaría de Via Laietana y Cercanías, el resto de demandas

La carpeta del Govern es gruesa y contiene reivindicaciones “históricas” como las inversiones en Cercanías -el Ejecutivo cifró el año pasado en 6.000 millones el montante del Estado hasta 2030-; la gestión completa de las becas universitarias, uno de los temas más avanzados; la formación especializada del personal sanitario (los MIR); la regulación de los precios del alquiler; el ingreso mínimo vital; el traspaso de recursos para combatir la pobreza -la totalidad de inversiones de la ley dependencia, por ejemplo; o la competencia en Salvamento Marítimo que incluye el Estatut.

También hay otras cuestiones marco como los 3.800 millones que la Generalitat cifra como parte de la disposición adicional tercera del texto estatutario -que calcula las inversiones pendientes en infraestructuras-; o una mejora de financiación de los Mossos d’Esquadra y la equiparación de su edad de jubilación la de la Policía Nacional; y la titularidad de edificios como el de la jefatura policial de la Via Laietana.

“Los queremos todos y los queremos ya”. “Queremos todos los recursos para mejorar la vida de la ciudadanía porque estamos en un momento complejo social y económicamente”, ha advertido la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, en rueda de prensa junto al vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, después de reunirse con los grupos del Parlament. El orden del día entre la Generalitat y el Gobierno aún no está cerrado y ambas administraciones esperan hacerlo antes del fin de semana.

A la reunión entre el Govern y los grupos han asistido la portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero; la secretaria adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta; el presidente del grupo de Junts, Albert Batet; el diputado de los comuns, David Cid, y el diputado de Cs Joan García; mientras que los grupos parlamentarios de la CUP y Vox no han acudido a la reunión, tal como habían avanzado, y tampoco ha asistido al encuentro ningún representante del PP.