Los asociaciones en defensa del derecho a la vivineda hace tiempo que desconfían de la política antidesahucios de la Generalitat. Sospechan, por ejemplo, que el decreto ley anunciado, y aprobado esta semana, cuenta con pocas posibilidades de sortear un recurso de anticonstitucionalidad. Y que los partidos políticos detrás de esta normativa no sólo lo saben si no que cuentan con esa posibilidad. Es decir, una maniobra propagandística en toda regla. Así, hoy no han dudado de calificarlo como “decreto farsa” y “papel mojado” ya que no servirá para detener ningún desahucio.

Ayer martes, la Generalitat aprobó un decreto ley, que deberá ser avalado por el Parlament, que busca frenar los desahucios de los más vulnerables al obligar a los grandes propietarios a “acreditar” que se ha ofrecido al inquilino un alquiler social antes de poder iniciar el proceso de desalojo. El ejecutivo catalán retocó así el redactado de dos leyes ya en vigor (la 24/2015 y la 17/2019, que ampliaba la primera, que ya obligaban a los grandes tenedores de vivienda a ofrecer un alquiler social antes iniciar el proceso de desahucio), con el objetivo de que los jueces no admitan a trámite demandas de desalojos si no se acredita que se ha formulado antes una propuesta de alquiler social.

Estas asociaciones, por lo tanto, han pedido al ejecutivo catalán que deje de “marear la ciudadanía con medidas incompletas o prometidos falsas” ya que “la responsabilidad absoluta para aplicar la ley recae en la voluntad de los jueces”, que apelan, dice, a la Ley de Enjuiciamiento Civil. "Hasta que no cambiemos esta ley tendremos este problema competencial entre el Estado y la Generalitat, paro que ahora realmente quien tiene la competencia es el Gobierno de Pedro Sánchez. Por ello piden al Govern que, en llugar de vender este decreto, sancione a los propietarios que no cumplan la Ley 24/20125 del 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. La ley prevé sanciones para los grandes tenedores que no ofrezcan un alquiler social a familias en situación de vulnerabilidad de hasta 90.000 euros. Recuerdan finalmente una “cifra escandalosa”: solo en Barcelona capital se han ordenado 443 desalojos entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre, procesos que han afectado a 1.211 personas (entre ellas, 463 menores).

Forman parte del movimiento por la vivienda de Cataluña la PAH, el Sindicato de Inquilinos, el Congreso de Vivienda de Cataluña y el Sindicato de Vivienda de Gràcia. Según fuentes de la propiedad consultadas por betevé, este desahucio se suspendió a raíz de la moratoria que aplicó el Gobierno español durante el primer estado de alarma y este era el segundo intento. Las mismas fuentes apuntaron que el propietario no es un gran tenedor, sino un pequeño arrendatario que vive supuestamente de la renta de este local. Según la unidad antidesnonament del Ayuntamiento, este miércoles había previstos 15 desahucios a familias vulnerables, que afectan 29 adultos y 15 menores. En los último mes y medio, las órdenes de ejecución a gente en situación económica precaria ha sido de cerca de 500.