La declaración del pasado martes del extesorero de Convergència Daniel Osácar ha tenido ya la primera consecuencia directa: la Audiencia Nacional ha imputado al exconseller y figura próxima a Artur Mas, Germà Gordó, en la pieza de blanqueo del “caso 3%” abierta en abril. Osácar situó a Gordò al frente de un sistema para blanquear el dinero que ingresaba Convergència gracias a presuntas comisiones ilegales para financiarse: la operativa, bautizada “pitufeo”, consistía en que los altos cargos de la formación hacían donaciones por valor de 3.000 euros que equivalían a la cantidad de “origen ilícito” que el propio partido “previa o posteriormente” le entregaba en mano.

Según expuso Osàcar en su declaración, que ha recogido el juez instructor José de la Mata, la finalidad era “lavar dinero generado por CDC de forma ilícita” y, “gracias a las ‘donaciones’ conseguidas, lograr cuadrar los déficits presupuestarios lograr cuadrar que cada año se generaban por la diferencia existente entre los ingresos previstos con los realmente generados por el partido". Según señaló Osàcar, Gordó era “la persona que directa y personalmente ideó esta operativa, la planeó y dirigió su implementación” e identificó al menos en 2008 y 2010 una lista de potenciales “donantes”, entre los militantes y simpatizantes del partido.

Así, según el auto, Gordó “encomendó” a Osàcar que llamara personalmente a los militantes y simpatizantes, “proponiéndoles que efectuaran una donación de tres mil euros al partido CDC mediante cheque bancario nominativo, a cambio de recibir la misma cantidad en dinero en efectivo de procedencia ilícita, que les entregaría en mano el propio Osàcar”.

Tras la declaración de Osàcar y a petición del fiscal Anticorrupción José Grinda, el magistrado ha citado a declarar a Gordó para el próximo viernes 30 de octubre a las 10 horas por videoconferencia. Gordó, que también está procesado en la causa principal del “caso 3%”, pasa a integrar la nómina de imputados en esta pieza de blanqueo que forma parte del “caso 3%”. Hay otros doce imputados, entre los cuales se halla cuatro exconsellers (Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macías).

En el auto, el juez describe cómo altos cargos de Convergència, “en connivencia” con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña y con distintos empresarios, “pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político”. “Esta estructura era multicanal, existiendo distintas vías ilegales" para ingresar los recursos, señala el magistrado y sitúa tres: en primer lugar, mediante pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas al partido CDC, CATDEM y FUNDACIÓ FORUM BARCELONA; en segundo lugar, mediante la recepción de grandes cantidades de dinero en efectivo; y, en tercer lugar, mediante triangulación con empresas que asumían pagos directos a terceras empresas por servicios prestados al partido.

“Algunas de estas vías de acceso no fueron sino la evolución sofisticada de otras anteriores más elementales”, recoge, y describe un paso “paulatino” de un sistema basado en mayor medida en la entrega de cantidades en metálico a un sistema más complejo, en el que se beneficiaba ilícitamente a CDC mediante el abono directo de facturas por parte de determinadas de empresas a terceros, por servicios prestados a CDC y no desde luego a estas empresas pagadoras. “Mediante estos manejos, CDC generaba y poseía cantidades de dinero en efectivo, no declarado, procedente de empresas que buscaban, al entregarlas, ser beneficiadas en la contratación pública o congraciarse con los jerarcas del partido”, indica.

Pese a que Osàcar, en semilibertad tras ser condenado a tres años y medio de prisión por el caso Palau, también implicó al expresident Mas en el blanqueo de capitales, el juez, de momento, no le ha imputado. El expresident, nada más conocer la acusación de Osàcar, negó que hubiera dado “instrucción” alguna sobre esa operativa para blanquear dinero y atribuyó la confesión del extesorero a su “vulnerabilidad”, en alusión a su edad (85 años) y a su paso por la cárcel. “Si no la di yo, no la podía dar nadie. El único que podía dar una instrucción de estas características era yo, como superior jerárquico”, afirmó el martes, eximiendo también así de responsabilidad a Gordó.