Más de la mitad de las mujeres que trabajan en la Administración pública ocupan puestos de responsabilidad

En Castilla y León hay en estos momentos 92.307 empleados públicos trabajando en la Junta. De ellos, 67.872 son mujeres, lo que representa más del 73 por ciento del total. Una cifra importante pero que se eleva aún más en el sector sanitario, donde el porcentaje llega al 79 por ciento mientras que en Educación supera el 72 por ciento, y en Administración General roza el 65 por ciento, según se desprende del último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, publicado en julio de 2023 por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Un informe en el que, además, se recoge que las mujeres representan en el conjunto de administraciones públicas el 59 por ciento, o lo que es lo mismo, seis de cada diez funcionarios de España son mujeres, porcentaje que en las administraciones autonómicas es del 69 por ciento, y en la Estatal, del 32 por ciento.

Estos datos se han puesto encima de la mesa este viernes durante el VI Congreso de la Asociación de Mujeres en el Sector Público, inaugurado en Valladolid por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, quien ha reivindicado la importancia de la mujer en la Administración de la Junta de Castilla y León, tanto desde el punto de vista cuantitativo como sobre todo cualitativo. Al respecto, el consejero destacaba que el porcentaje de mujeres que ocupan puestos de responsabilidad de jefe o jefa de Servicio se sitúa en más del 50 por ciento, con 341 mujeres.

Gago, además, avanzaba que la tendencia es al alza y que el número de mujeres en la Administración seguirá aumentando en los próximos años. De hecho, apuntaba que en las últimas convocatorias de cuerpos generales, de acceso libre y promoción interna, el 75 por ciento de solicitudes de acceso fueron presentadas por mujeres, mientras que siete de cada diez nuevas incorporaciones fueron, también del sexo femenino.

Igualdad en la Función Pública

Durante las dos últimas décadas, la Junta de Castilla y León se ha revelado como un referente de las políticas de igualdad a nivel europeo, lo cual tiene un reflejo tanto en el seno de la Administración autonómica como en el conjunto de la sociedad. En 2003, con la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, Castilla y León se convertía en la primera región europea que aprobaba una norma legal de este tipo, con un amplísimo consenso político y social.

Una norma que, entre otras cosas, dejaba sentadas las bases para permitir la solicitud del permiso de paternidad y la introducción de cuestiones específicas relativas a la problemática de la mujer en el temario de acceso a la Administración autonómica.

Además, el pasado año, el Gobierno que preside Fernández Mañueco en en Castilla y León aprobó, mediante Decreto-Ley, la jornada laboral de 35 horas semanales para empleados públicos de la Administración autonómica, "una de las medidas más destacables del Gobierno de Castilla y León en materia de conciliación de la vida personal, familiar y social con el trabajo, según decía el consejero.

En la actualidad, la Consejería de la Presidencia sigue impulsando la presencia y el bienestar de las empleadas públicas a través de dos herramientas fundamentales: el I Plan de Igualdad para las Empleadas y Empleados Públicos y la implicación de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (Eclap) en la formación y difusión de buenas prácticas en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Ambas iniciativas vienen recogidas en el Plan Estratégico de Igualdad 2022-2025 de la Junta de Castilla y León.

El I Plan de Igualdad para las Empleadas y Empleados Públicos incluye importantes medidas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en la Administración autonómica. Entre ellas, destaca el protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, publicado a finales de 2023, o la reciente redacción del protocolo de movilidad interadministrativa para casos de violencia contra la mujer, que se llevará próximamente a la Comisión Técnica de Igualdad para su negociación.

El consejero, además, anunciaba que en los próximos meses y en el marco de este Plan de Igualdad, se van a realizar varias acciones de formación para los 119 futuros orientadores y los 205 miembros de los comités de orientación que se constituirán en cada Delegación Territorial y en cada Gerencia de Salud de Área, y que se encargarán de proporcionar apoyo y asistencia a quien crea encontrarse ante una situación de acoso sexual o por razón de sexo.

Por su parte, la Eclap, en consonancia con los objetivos de este plan, creó en 2023 un programa específico en el que se incluyeron diversas actividades formativas para prevenir situaciones de discriminación por razón de sexo. Desde entonces, se han llevado a cabo nueve cursos, dos jornadas y tres seminarios con esta temática, con 1.200 asistentes. En este 2024, y para continuar con esta línea, habrá una convocatoria específica de 14 cursos bajo esta temática, lo que supone un aumento del 64 % respecto a la oferta de 2023.