La Junta destina 65 millones de euros para mejorar los servicios públicos en los municipios y diputaciones de Castilla y León

La Consejería de la Presidencia, que dirige Luis Miguel González Gago, ha comunicado al Consejo de Gobierno la cuantía que corresponderá a cada entidad local del FIP y el FCELG en 2025. Dentro de todas las ayudas que esta Consejería pone a disposición de los ayuntamientos y las diputaciones de Castilla y León, estos dos fondos garantizan la participación en el reparto de todas y cada una de las entidades locales. Así, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con las entidades locales de la Comunidad, brindándoles apoyo económico tanto para cubrir sus gastos diarios como para impulsar proyectos de inversión que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos.

El 55% de estos 64,8 millones de euros (35,7 millones) irá destinado a municipios menores de 20.000 habitantes. Por su parte, los municipios de más de 20.000 habitantes recibirán un 25% de los fondos (16,1 millones), y las Diputaciones Provinciales recibirán el 20% restante (12,9 millones). Las cuantías individuales del FIP y el FCELG aparecerán reflejadas en el Boletín de la Comunidad la próxima semana. Dichas cuantías se calculan a través de los siguientes criterios objetivos.

Para municipios con menos de 20.000 habitantes, el reparto se realizará en función de la población de cada uno de los municipios, así como del número y la naturaleza de las competencias que tengan atribuidas, de la población mayor de 65 años, y del número de entidades locales menores del municipio.

En el caso de municipios con más de 20.000 habitantes, los fondos se repartirán en función de una cantidad fija y de la población de cada municipio.

Por último, en el caso de las Diputaciones Provinciales, para el reparto se tiene en cuenta la población de cada una de las provincias de Castilla y León, su número de municipios y pedanías, su superficie, y la renta e ingresos per cápita de sus habitantes, de tal forma que las provincias con un menor nivel de renta e ingresos per cápita recibirán más dinero por habitante que lo que les correspondería si no se aplicase este último criterio, para así seguir avanzando en la cohesión territorial entre las nueve provincias de la Comunidad.

Por otra parte, en la reunión semanal, la Consejería de Economía y Hacienda ha informado al Consejo de Gobierno del balance de la actividad de la Plataforma Financiera durante 2024 en el que se financiaron 3.630 operaciones por un importe de 638.809.603 euros, lo que supone, un 12 % más que en 2022 y un 3 % respecto a 2023, con una inversión inducida de 920.105.493 euros que, en términos de empleo, se traduce en 10.177 puestos de trabajo creados y mantenidos.

Asimismo, el número de solicitudes de financiación a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) en 2024 se han incrementado un 14,1 % respecto a 2023. Se trata del dato más alto de los últimos años.

Según un estudio publicado el pasado viernes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Plataforma Financiera impulsada por la Consejería de Economía y Hacienda, a través del ICECYL, es un caso de éxito en la coordinación interna entre agentes financiadores. La Plataforma Financiera es única en España, ya que se trata de una iniciativa innovadora a nivel estatal, puesto que no se han identificado ejemplos similares para la financiación de proyectos empresariales en otras comunidades autónomas.

Por otra parte, las aportaciones de ICECYL a Iberaval y Sodical, entidades a través de las que se articulan los diferentes programas y líneas de financiación, ascendieron a 78.300.000 euros. Sodical ha recibido 49,7 millones de euros para sus programas de financiación empresarial, e Iberaval ha recibido 28,6 millones. Se trata de unas cantidades que vienen incrementándose a un ritmo del 10 % anual, concretamente un 10,6 % respecto a 2023 y del 20,3 % respecto a 2022. El mantenimiento y crecimiento de estos instrumentos son posibles gracias a las aportaciones que hace la Junta de Castilla y León a través del ICECYL.

Dinamización geográfica

Además, el Consejo de Gobierno ha conocido el informe relativo a las subvenciones destinadas a financiar proyectos para la dinamización demográfica en la Comunidad de Castilla y León, a cargo del Fondo de Cohesión Territorial en el periodo 2023-2024.

Esta línea de subvenciones tiene por finalidad la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva y mediante convocatoria abierta, destinadas a incentivar el crecimiento poblacional mediante desarrollo de determinadas medidas de impulso para fijar, integrar, incrementar y atraer población. Desde la puesta en marcha de esta línea se han concedido subvenciones por un importe total de 7.030.999 euros

Estas ayudas están destinadas a diputaciones provinciales; ayuntamientos o agrupaciones de municipios; consejos comarcales u otras entidades que agrupan varios municipios; y los grupos de acción local, legalmente constituidos, con implantación en la zona y sus agrupaciones de carácter regional y sus federaciones.

En concreto, en la anualidad 2023 se concedieron subvenciones a 36 proyectos por un importe de 1.925.843 euros, resultando como beneficiarios 31 entidades locales y 5 grupos de acción local. En la anualidad 2024 se concedieron subvenciones a 90 proyectos por un importe de 5.105.156 euros, resultando como beneficiarios 78 entidades locales y 12 grupos de acción local.

Modernización de regadío

La Junta de Castilla y León va a invertir, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), 3.812.590 euros en los trabajos para la modernización de la zona de regadío del Canal de San José, sector I. Esta Comunidad de Regantes incluye los términos municipales de Castronuño y Villafranca del Duero, en Valladolid, y Peleagonzalo, Villalazán, Villaralbo y Zamora, en la provincia zamorana, siendo estos dos últimos en donde se desarrolla la actuación.

Este proyecto está financiado con cargo al Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) a través del Plan Estratégico de la PAC, y se centra en la captación y toma de agua, la construcción de la estación de bombeo y la instalación eléctrica de alta tensión para favorecer el riego de 1.136 hectáreas pertenecientes a 376 propietarios.

Gracias a esta intervención, se logrará un ahorro del 20 % en el uso del agua, se reducen los costes de riego para los agricultores y se incrementa el valor agregado bruto de cada hectárea beneficiada en un 30 %. Además, el paso de riego por gravedad a un sistema de aspersión a demanda también permitirá minimizar la contaminación difusa gracias a la mejora de la eficiencia en el uso del agua.

Como es habitual, este tipo de proyectos conlleva también la reorganización de la propiedad mediante la concentración parcelaria de toda la zona y la ejecución de nuevos caminos y desagües. Aunque no forma parte de esta licitación recién publicada, estas obras de infraestructura rural son ejecutadas por parte de la Junta de Castilla y León sin coste alguno para la Comunidad de Regantes y se licitarán en otro proyecto a parte.

Con esta licitación de la zona de regadío del Canal de San José, la Junta de Castilla y León ha iniciado actuaciones de modernización en 22.863 hectáreas, el 76 % de las 30.000 hectáreas comprometidas al inicio de la legislatura. En lo que va de año, el ITACyL ya ha licitado tres obras por 20,5 millones de euros. Junto al regadío del Canal de San José figura la instalación fotovoltaica para el regadío del Páramo Bajo, en León, y la adecuación de la presa de Santa Lucía, en Ávila.

Transporte escolar

El Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración del contrato de prestación del servicio de acompañantes de transporte escolar desde el 1 de septiembre de este año hasta el día 31 de agosto de 2027 con un presupuesto de 16.621.191 euros. La Consejería de Educación presta este servicio en los vehículos que transporten alumnos menores de 12 años. El número de acompañantes que se estima que son necesarios para prestar el servicio en las 920 rutas de transporte escolar que lo precisan es de 1.070.

El contrato se ejecutará desde el día 1 de septiembre de 2025 -o desde el día siguiente a la formalización del contrato si esta fuera posterior- hasta el día 31 de agosto de 2027. El servicio se prestará los días lectivos del calendario escolar de los cursos 2025-2026 y 2026-2027, a excepción de las rutas de transporte escolar de Colegios de Educación Especial (CEE), que podrán prestar servicio de transporte en fin de semana si la necesidad del centro así lo requiere. Se prevé la posibilidad de prórroga hasta el día 31 de agosto de 2028.

La Consejería de Educación distribuirá el presupuesto de licitación -16.621.191 euros- en tres anualidades: 2.493.178 euros para este año, 8.310.595 euros para el año 2026 y 5.817.417 euros en 2027. El número de acompañantes que se estima que son necesarios para prestar el servicio en las 920 rutas de transporte escolar que lo precisan, es de 1.070. La Comunidad cuenta en el curso actual con 2.160 rutas de transporte escolar de las que se benefician 36.419 alumnos.

El acompañante de transporte escolar debe ser una persona mayor de edad, distinta del conductor, que se encarga de ayudar en la subida y bajada de los alumnos, especialmente aquellos que presenten déficit de movilidad y a los más pequeños; recoger y acompañar a los estudiantes desde y hasta el interior del recinto escolar; y asegurar el cumplimiento de las normas de uso y utilización del vehículo por parte de los escolares.

Asimismo, vigila que ningún alumno juegue cerca del vehículo; controla que la subida y bajada del autobús se haga por la puerta delantera sin que ningún estudiante se quede alrededor del autobús; comprueba que el alumno se los abroche correctamente el cinturón de seguridad; y vigila que permanezcan sentados durante todo el viaje, hasta que el vehículo no se haya detenido completamente, y que hayan colocado sus mochilas y otros bultos debajo de los asientos.

Finalmente, los acompañantes deben velar por la seguridad de los alumnos en el caso de que por alguna circunstancia tuvieran que bajar del autobús, reuniéndoles en un sitio seguro y a una distancia prudencial del mismo para eludir los posibles peligros que surjan por las maniobras de los vehículos.