La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que docenas de los mutualistas de las administraciones públicas de Castilla y León, como está ocurriendo en toda España, están recibiendo avisos de las aseguradoras de Muface de que el convenio sanitario vence el 31 de enero, produciéndose ya notificaciones de retrasos o cancelaciones de citas y autorizaciones de asistencias. “Una actitud intolerable de las mutuas que está agravando la intranquilidad y los temores de los más de 100.000 funcionarios y beneficiarios de Muface en la Comunidad, que están viendo cómo se juega con su salud”.

También está ocurriendo que algunas clínicas o centros privados que trabajan con Muface, conscientes del limbo sanitario que se está creando, se están poniendo en contacto con mutualistas para ofrecer sus servicios, que tendrían que anticipar el pago de la atención médica, a la espera de un nuevo convenio. Si se renueva, apunta CSIF, luego se le devolvería el dinero.

“No son pocos los empleados que se están dirigiendo a CSIF muy preocupados, para interesarse por la situación y por el futuro de su cobertura sanitaria”, recuerda el secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales, Rodrigo Molledo. Por ello, este sindicato dispone de unos modelos de queja para hacerlas llegar a Muface.

CSIF no solo denuncia el comportamiento de las aseguradoras y les exige responsabilidad ante la delicada y confusa situación, también reclama al Gobierno, como máximo garante del derecho a la atención sanitaria de todos los ciudadanos, que tome cartas en el asunto para propiciar que “cuanto antes” se alcance un acuerdo económico y se renueve el concierto, ahora que alguna aseguradora ya ha mostrado su interés por continuar, como es el caso de Asisa o DKV.

Alrededor de 2.500 personas irán de Castilla y León a la gran concentración que ha convocado CSIF para el día 14 en Madrid, ante la Dirección de Muface. El sindicato ha fletado autobuses desde todas las provincias de la Comunidad, y anima a acudir a la protesta a todos los funcionarios y beneficiarios que lo desean, para reclamar la continuidad del concierto y una garantía de asistencia sanitaria de calidad.

CSIF recuerda que Muface forma parte del Sistema Nacional de Salud desde 1975. Los interesados en acudir a la concentración pueden llamar a las diferentes uniones provinciales de CSIF. “Son nuestros docentes, funcionarios de la Administración General del Estado, policías…, nuestros funcionarios ya jubilados, los familiares, los que se quedarán en un limbo sanitario a partir del 1 de febrero si no se firma otro concierto”. La situación es crítica, “la angustia de muchos pacientes mutualistas es enorme”, y CSIF pide tranquilidad y seguridad para todos los usuarios mutualistas.

Castilla y León, por sus características, será una de las comunidades de España más perjudicada si desaparece Muface ahora, porque el sistema público de salud de Sacyl quedaría al borde del colapso, con una tensión en los centros de salud y en los hospitales insoportable, porque no hay capacidad ni personal ni de infraestructuras para absorber -de golpe- el volumen de los nuevos pacientes, asegura CSIF.

Según este sindicato, harían falta unos 3.000 profesionales sanitarios más de todas las categorías en Sacyl, sumando Atención Primaria y hospitalaria, teniendo en cuenta las ratios actuales y que los pacientes potenciales se incrementarán un 6,5%. En los centros de salud se necesitarían unos 180 médicos y 150 enfermeras más. Respecto a las listas de espera, la demora quirúrgica podría duplicarse de 108 días a 216, y las citas en medicina familiar podrían darse “varios días más tarde”. CSIF indica que estos cálculos se han hecho en base a las cartillas de Seguridad Social y a la actividad asistencial de la sanidad en la Comunidad.

El tema económico también supondrá un “problema significativo”. CSIF valora que el incremento presupuestario de la Consejería de Sanidad de Castilla y León debería ser de casi 352 millones, sin contar las inversiones en infraestructuras y medios que haya que afrontar, con lo que debería ascender a unos 5.230 millones. Este aumento tiene en cuenta los nuevos usuarios que lleguen de Muface y los factores correctores de superficie, dispersión o edad que considera la Junta.

CSIF también lamenta la pasividad que está mostrando la Junta de Castilla y León en este asunto, “porque debería mostrar una mayor contundencia a la hora de exigir al Gobierno la continuidad de Muface, ya que su desaparición acarrearía graves problemas de colapso al sistema sanitario público de la Comunidad, muy tensionado ya por la limitación de los recursos personales y de infraestructura”.