El Consejo de Cuentas certifica que el Ayuntamiento de Ponferrada cumple con la normativa sobre personal y adopta medidas legales para su ordenación

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, trasladó hoy que el Ayuntamiento de Ponferrada cumple con la normativa sobre organización de su personal y adopta las medidas legalmente previstas para su ordenación, si bien sus objetivos aún no se han conseguido. Destacó que los procedimientos de estabilización de empleo temporal “se ajustan”, con carácter general, a lo previsto en la normativa, si bien en la tramitación de la nómina “no se cumplen determinados requisitos”.

Durante la presentación del Informe de Fiscalización de determinadas áreas del Consistorio de la provincia leonesa, en el marco de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, Amilivia apuntó que, en la concesión de subvenciones, “cumple con la normativa vigente y cuenta con los instrumentos previstos en la ley”.

No obstante, la concurrencia competitiva “no ha constituido el procedimiento ordinario de concesión”, de conformidad con la previsión de la ley general de subvenciones, y, en casos puntuales, los expedientes “no cumplían los requisitos para tramitarse como tales”.

Para ello, dicho informe emite cuatro recomendaciones al respecto, entre las que se encuentra que el alcalde debería adoptar el acto de reconocimiento de la obligación de la nómina del personal y la Intervención realizar su fiscalización, de acuerdo con la regulación sobre la tramitación de los gastos de personal y sobre el control y fiscalización internos aprobada por el pleno.

En segundo lugar, se aconseja que el Pleno apruebe una ordenanza general reguladora de la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos locales. Al igual, debe revisarse la adecuación a su naturaleza de algunos de los ingresos.

Asimismo, debería mejorarse la eficacia de las actuaciones de apremio y embargo para el cobro de deudas en vía ejecutiva, incrementando algunas de ellas como la hipoteca legal tácita o la enajenación de bienes. También deberían definirse objetivos e indicadores de eficacia para cada tipo de ingreso y verificarse su cumplimiento en la memoria de las cuentas de recaudación.

Detallaron que se debería ejercer un control de la actividad recaudatoria de la sociedad concesionaria del servicio de suministro de agua y particularmente del inicio del periodo ejecutivo y puesta en marcha del procedimiento de apremio por parte del Ayuntamiento, en el caso de los recibos impagados a la empresa en periodo voluntario. Finalmente, en conexión con la definición de objetivos e indicadores de la gestión tributaria y recaudatoria, la Intervención debería ejercer el control financiero, de eficacia y eficiencia.

Subvenciones y recaudación

En ese sentido, el procurador de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), José Ramón García, mencionó una de las conclusiones en las que se referencia que todas las subvenciones concedidas en 2021 lo han sido por el propio Ayuntamiento, ya que los entes dependientes no han tramitado este tipo de gastos. El Ayuntamiento de Ponferrada, en el ejercicio 2021, no ha tenido en cuenta el apartado 1 del artículo 22 de la LGS, que establece que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones es el régimen de concurrencia competitiva, ya que se han tramitado 14 líneas de subvenciones en régimen de concurrencia, frente a 96 en régimen de concesión directa, todas ellas nominativas.

“Espero que este informe lo haya leído el Ayuntamiento y su personal y apliquen las recomendaciones ofrecidas, dado que en un Consistorio tan importante como el de Ponferrada es muy necesario hacer todo lo posible para mejorar los aspectos vinculados al personal y la normativa de las subvenciones”, donde recalcó que el régimen concurrencia competitiva “no se haya tenido muy en cuenta”.

Puso en valor que la sociedad ponferradina son “buenos pagadores y lo hacen en el periodo voluntarios y no se llega al impositivo”, una recaudación que está por encima del 80 por ciento, donde “pocas entidades pueden decir lo mismo”, pese a que necesita mejorar en la ejecutiva. “Espero que lo haga, porque los que cumplen al final son los que más castigados están y parece que no pasa nada con aquellos que incumplen”, dijo.

Por su parte y de manera muy breve, el procurador del Grupo Mixto Pablo Fernández trasladó que comparte las conclusiones y afirmó asumir las cuatro recomendaciones. Aun así, aseguró que el desempeño del Ayuntamiento en la época que se analiza en el informe es mejorable en algunos aspectos, pero se mostró “absolutamente convencido en que ese desempeño era mejor que el que sufren actualmente los ciudadanos de la localidad”.

Opinión política

En ese sentido, el procurador del Grupo Parlamentario Vox, Miguel Suárez, puntualizó que se trata de un informe al que calificó como “especialmente interesante”, ya que se establece como una “ventana a una realidad” que desde Vox “se lleva denunciando mucho tiempo”. Es decir, de pasar de un informe sobre la actuación de un “Gobierno socialista, apoyado en su momento por Podemos y Coalición por el Bierzo, a la realidad actual de un Gobierno socialista, pero encabezado por el Partido Popular con el apoyo de Coalición por el Bierzo, así como del PSOE en el caso de la aprobación de los presupuestos”, desgranó.

“Tengo especial interés en poder ver el informe que se realice dentro de unos años de este mismo tipo de actuaciones por parte del actual Ejecutivo municipal, porque creo que será iluminador el ver la ausencia de diferencias”. Hizo énfasis en el ámbito del personal, ya que la empresa pública que más empleados tiene en la comarca y que se encuentra ubicada en Ponferrada es el Hospital de El Bierzo, que emplea a más de 1.700 personas; seguida por la empresa privada LM, con 1.685 empleados; y el Ayuntamiento de Ponferrada, en tercer lugar, con 459 personas empleadas en 2021, año del informe.

Con esta tasa de empleabilidad pública y privada, se preguntó si alguien puede creer que existe algún tipo de esperanza en que la comarca vuelva a tener la misma prosperidad que hubo en los 90 y 2000 , ya que “se está condenado a la más absoluta de las miserias si se sigue sosteniendo todo el tejido de empleabilidad sobre el sector público”.

Aludió a que se está muy interesado en mejorar la eficacia de la burocracia a la hora de la recaudación, pero al mismo tiempo se aumenta el presupuesto destinado a la partida de fiestas, ya que “hay que repartir entre la juerga, pan y circo, pese a que quede poco pan, pero haya mucho circo”. Un concepto de mejorar esa eficacia para “perseguir al ciudadano porque debe tasas e impuestos cuando se podría recudir la carga impositiva y de tasas de los mismos”, aspectos que determinados partidos llevaban en sus programas electorales, remarcó.

Objetividad

A tal cuestión, Mario Amilivia subrayó que el alcance de este informe “no radica en la situación económico y financiera del Ayuntamiento, sino de la estructura de personal y comprobar los aspectos de legalidad, verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en subvenciones concedidas por el Consistorio y analizar la eficacia en la gestión de recaudación del mismo”.

Se trata de un informe exhaustivo que da lugar a 55 conclusiones que “hablan por sí mismas”. Dejó claro que no entran en el partido político que gobierna un ayuntamiento, algo que “está fuera del alcance” de cualquier informe, porque se analiza de “manera objetiva” como una administración local. “La prosperidad o el fracaso que puede afectar a la comarca no puede ser imputable a un Ayuntamiento que se limita legalmente a cumplir sus obligaciones en el ámbito de la autonomía local”, dijo.

De esa forma, el procurador de Vox reconoció que es “cierto y lógico” que el Consejo de Cuentas no realiza valoraciones de aquellos que gobiernan en cada administración, pero señaló que el “trabajo de los grupos presentes en esta Comisión es la de interpretar los informes del Consejo”.

Y es que, un pequeño punto de luz en una habitación oscura “también permite ver cosas a su alrededor”, de ahí las interpretaciones y "de ver las astilla en el ojo ajeno y no la miga en el propio”. Felicitó el trabajo del Consejo para que hagan su “labor exhaustiva de una manera objetiva y alejada del aspecto político”.

Cumplimiento y corrección

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, Javier Campos, afirmó que “queda palmario el cumplimiento de la ley”, ya que la conclusión es que se ha cumplido en unas “condiciones muy especiales”, donde una apuesta del PSOE en el municipio “ha eliminado determinados entes y ha sido valiente en recuperar servicios que se daban por empresas de fuera con la adscripción de personal”.

En este periodo se ha abordado con “resultados positivos” una RPT después de años intentándola, que finalmente ha venido para “poner orden” en el Consistorio sin que haya dado problemas. Es verdad que en la normativas de subvenciones, lo que debe ser una excepción se ha convertido en una regla y no debe ser así, apuntó.

También se han producido una serie de alegaciones, “no con mucha suerte”, por lo que ha habido interés en tratar de justificar los temas y no se han conseguido y “deben ser tomadas muy en serio por el Ayuntamiento, aunque no sea al mismo equipo de Gobierno al que se le hizo este informe”.

“Se trata, por tanto, de una declaración de unos servicios y acciones realizadas con mucha corrección. Y es que, la fiscalización es positiva y legal, por más que duela al PP”, apostilló Campos. Opinión de la que difirió la procurador popular, Paloma Vallejo, quien aseguró que el “margen de mejora es muy amplio” en los tres aspectos analizados en el informe, donde la estabilización del empleo temporal no se consiguió el objetivo de reducir este aspecto por debajo del ocho por ciento que establece la normativa.

Pese a ello, anunció que, con carácter extraordinario, el Ayuntamiento prevé en 2024 crear una tasa adicional de estabilización de empleo temporal. Se mostró convencida en que la gestión actual será mejor que la anterior, por lo que estas medidas corregirán las deficiencias detectadas en el informe del Consejo de Cuentas.

Situación similar que detalló en el servicio de recaudación, donde los porcentajes por vía ejecutiva son muy bajos, por lo que las actuaciones de apremio y embargo por dicha vía deberían de haber sido mejores. que mejorar en la vía ejecutiva.

Sobre el “panorama peculiar” de la concesión de subvenciones, ironizó con que siempre se ha exigido la concurrencia competitiva en otros casos y ayuntamientos, pero ahora parece “que se pasa por alto en Ponferrada”. Así, sentenció con su apoyo y confianza al trabajo del Consejo de Cuentas de la mano de sus recomendaciones.

Próximas acciones

Por último, Mario Amilivia explicó que el Consejo de Cuentas considera a Ponferrada como la “décima capital de provincia de la Comunidad y de hecho lo es, ya que es la sexta por habitantes de Castilla y León”. Ahora dará lugar al trabajo vinculado a los ayuntamientos intermedios y se actúa con San Andrés de Rabanedo (León), al “doblar la deuda del resto y tener una serie de circunstancias que aconsejan una fiscalización específica”.

A la espera de aprobar el plan a seguir de fiscalizaciones, entiende que se siga con este tipo de tamaño, como por ejemplo Aranda de Duero, Villaquilambre o Arroyo de la Encomienda, entre otros.

“Un informe tiene un alcance y es como si en un habitación oscura alguien encendiera una linterna y mirara a un punto en concreto”, y recalcó que “extrapolar otra serie de comentarios no sería lo más objetivo”.