La prohibición a última hora por parte de la Justicia de usar arponcillos para dilucidar al ganador del Torneo del Toro de la Vega -que este año se ha vuelto a celebrar como un encierro al igual que se lleva haciendo desde 2016 cuando se prohibió matar al animal con las lanzas, colmándose así los deseos de los animalistas del Pacma-, es la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los vecinos de la Villa del Tratado y de su Ayuntamiento.

Y es que el Consistorio que preside le popular Miguel Ángel Oliveiraha decidido pasar a la ofensiva ante la “campaña de desprestigio” cimentada en “falsedades” que dicen estar sufriendo por parte de esta organización animalista además del partido político Podemos.

A través de una nota a la que ha tenido acceso este periódico, el alcalde ha anunciado este viernes que van a denunciar al Pacma y a Podemos ante la Fiscalía por “mentir y difamar” sobre el festejo que se celebraba el pasado martes, que concluyó como marca la Ley autonómica sin dar muerte al astado en público y sin que el animal recibiera ninguna herida en forma de divisa o arpón.

“Se ha acusado, presionado y faltado al respeto de todo un pueblo con falsedades y calumnias”, advertía el primer edil de Tordesillas, para quien el caso de Tordesillas no es más que la “punta del iceberg” de los antitaurinos ya que, en su opinión, lo siguiente será buscar la abolición definitiva de la tauromaquia y todos sus festejos, haya muerte o no del astado en público.

El primer edil, además, se ha mostrado muy molesto también por el hecho de que la Justicia decidiera paralizar el festejo apenas cuatro días antes de que se celebrara en su nuevo formato aprobado por el Ayuntamiento el pasado enero en un pleno con los votos favorables de PP y Vox, y la abstención del PSOE.

Un nuevo torneo, lo más similar al Toro de la Vega tradicional, en el que se permitía el uso de arponcillos en forma de divisas por parte de jinetes y corredores en un número limitado de participantes e intentos.

Oliveira explicaba que una vez celebrado el festejo, en el que no había que lamentar altercado alguno, el Pacma denunció ese mismo día la autorización del encierro del Toro Vega por parte de la Junta de Castilla y León al alegar que no se había tramitado con diez días de antelación como exige la norma, sino en menos de veinticuatro horas para modificar la naturaleza del espectáculo: de torneo a suelta o encierro mixto obligada tras la paralización cautelar ordenada el 9 de septiembre.

Además, denunciaba que este partido animalista ha insistido en sus denuncias y ya ha pedido a la administración autonómica detalles de los informes reportados por la Guardia Civil sobre el transcurso del encierro, para denunciar alguna presunta irregularidad, entre ellas las de si algún jinete portaba garrocha de mayores dimensiones a la permitida y con elementos punzantes en su terminación