Crisis política de primer orden en el Gobierno del Principado de Asturias. El incendio que se produjo en el mes de abril en el vertedero de Serín, el lugar donde se acumula, se separa y se recicla la basura de los 78 ayuntamientos asturianos, ha destapado un fuego mucho más importante. El Principado no renueva los seguros del vertedero desde el año 2022, y por si el tema era poco peliagudo, la consejera de Transición Ecológico, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, aseguró que ella se enteró del asunto hace seis meses. Sin embargo, la gerente de Cogersa no le da la razón y defiende que advirtió a la consejera de que los seguros habían quedado caducados en la fecha en la que se produjo.

Los partidos de la oposición han salido a solicitar la dimisión de la consejera y hasta el socio de gobierno del PSOE, IU, está que trina, ya que en ningún momento nadie les notificó la situación en la que se encontraban los seguros de Cogersa.

Si el PP era el primero en solicitar la dimisión de Roqueñí, hoy Foro Asturias se suma a la petición. El secretario general y portavoz parlamentario Adrián Pumares, exige la “dimisión inmediata” de la consejera y también de la gerente del Consorcio Para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (COGERSA), Paz Orviz. Dice Pumares que la gestión de ambas en este asunto es “desastrosa” y les acusa de “mentir a la sociedad asturiana de forma reiterada”.

Según Pumares y en la misma línea que ya se posición el portavoz del PP en Asturias, Álvaro Queipo, “Roqueñí va de mentira en mentira. Mintió en sede parlamentaria a los grupos políticos y a la sociedad asturiana, mintió a los medios de comunicación y ahora, miente de nuevo al intentar hacer pasar una negligencia política de primer orden como una cuestión administrativa”.

Les afean desde la oposición que justo hoy, el Gobierno del Principado, a través de una nota de prensa, intentó rebajar hierro al asunto, publicando declaraciones de la propia Roqueñí durante unas jornadas organizadas por Cogersa para los alcaldes de Asturias, apelando a que el Consorcio pretende “convertirse en un instrumento útil para los ayuntamientos, que además de prestar los tradicionales servicios de recogida y tratamiento de residuos, ofrezca un mayor valor añadido, mediante la ampliación de su cartera de servicios, y la prestación de apoyo, asesoramiento y acompañamiento para la puesta en marcha de las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a la ley de residuos”. Roqueñí ha negado la mayor a los periodista en este acto, al ser preguntada por el tema. Dice que lo ocurrido "se ha magnificado, yo lo que veo es una cuestión que obedece a una cuestión administrativa como es la contratación de seguros".