Unanimidad en Málaga para acoger el futuro Centro Nacional de Ciberseguridad

El pleno del Ayuntamiento de Málaga aprueba por unanimidad la moción urgente para que se reconozca a la ciudad como idónea para acoger el futuro Centro Nacional de Ciberseguridad que anunció en enero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y solicita al Gobierno de España que "valore la candidatura de Málaga para acoger la sede de dicho organismo nacional". La Junta de Andalucía, que ya ha mostrado su apoyo a esta propuesta, hará lo mismo el próximo martes en el Consejo de Gobierno.

Previamente, De la Torre ha informado de que se propone a Junta y Gobierno que se cree un escenario de trabajo conjunto para la implantación de dicho centro en Málaga, "aprovechando la experiencia y los acuerdos ya existentes en el sector de la ciberseguridad en nuestra ciudad". "Lo hacemos con el mejor ánimo de colaborar al éxito de este Centro Nacional de Ciberseguridad", ha abundado De la Torre.

"Málaga ha demostrado ser una ciudad capaz de retener talento y atraer talento en muchas materias tecnológicas, en esta desde luego de una manera muy clara", ha sostenido. En suma, ha destacado, "se trata de sumar desde aquí, desde Málaga, un ecosistema que puede ayudar a ese éxito".

Ley de ciberseguridad

El Gobierno de España aprobó el pasado 14 de enero el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, que contempla la creación de un nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad. Este organismo se sumará a las instituciones existentes, como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), el Centro Criptológico Nacional (CCN) y el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), con el objetivo de reforzar la protección frente a ciberamenazas.

En cuanto a su ubicación, el Ayuntamiento de Málaga ha propuesto que la ciudad sea la sede de este nuevo centro, que se sumaría al Centro de Ciberseguridad de Andalucía, el Google Safety Engineering Center (GSEC) y el Málaga TechPark.

Así las cosas, Marlaska anunció que la supervisión y ejecución del mecanismo de ciberseguridad estarán a cargo de tres autoridades de control: el Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad; el Ministerio de Defensa, mediante el Centro Criptológico Nacional; y el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, que ejercerá su labor a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

La nueva normativa permitirá la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva europea de 2022, que exige a todos los Estados miembros adoptar medidas para garantizar un nivel común de ciberseguridad. Además, establece la obligación para los países de la Unión Europea de desarrollar las capacidades necesarias en este ámbito con el fin de reducir los ciberataques.