«Los acuerdos que nos afectan a todos deberían cerrarse con todos». La Junta de Andalucía, a través del portavoz Ramón Fernández-Pacheco, mostró ayer su rechazo a la posibilidad de que el Gobierno central cierre un acuerdo de manera «unilateral» con el Ejecutivo de Canarias sobre el reparto de menores migrantes.

El pasado lunes se produjo una reunión entre los gobiernos central y canario para abordar el asunto de los menores migrantes procedentes de África.

Fernández-Pacheco se ha mostrado en contra de que se cierren acuerdos de manera unilateral, «única y exclusivamente» con una comunidad autónoma «sin tener en cuenta al resto, cuando las consecuencias sí que las pagamos el resto». A su juicio, las medidas adoptadas al respecto requieren de una reunión «en la que se concite la opinión del conjunto de las comunidades autónomas de España para poder abordar un tema ante el que Andalucía tiene la máxima sensibilidad y la máxima conciencia social para intentar solucionarlo entre todos».

No será hasta hoy cuando el Gobierno se reúna en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia con las comunidades autónomas para tratar cuestiones relacionadas con menores migrantes no acompañados. El Ejecutivo apuesta por una proposición de ley para repartir 2.500 de estos menores.

Andalucía ha recibido en lo que va de 2023 un total de 470 menores migrantes no acompañados, de los que 302 han llegado como adultos procedentes desde Canarias, quedando bajo la tutela de la Junta de Andalucía, lo que supone un coste que roza los 2,9 millones de euros. Actualmente el sistema andaluz cuenta con 1.406 menores migrantes, cifra que supone 425 más que el año pasado en estas fechas. Asimismo, en esta fecha de hace un año se habían recibido la mitad de menores migrantes que en lo que va de 2024.

Las comunidades esperan conocer el detalle de la propuesta del Ejecutivo de la reforma de la Ley de Extranjería en lo que respecta a los menores no acompañados. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia aseguran no está previsto que en este encuentro se discuta la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. El Gobierno ha apostado por una proposición de ley para repartir de unos 2.500 menores migrantes no acompañados de los 5.500 que tutela Canarias en solitario, mientras que la CCAA ha pedido que se haga mediante un decreto ley por ser un mecanismo más ágil. Canarias entiende que debe ser un decreto ley para su aplicación inmediata desde el Gobierno de España por seguridad jurídica.

El grupo Vox ha registrado en el Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) con la que quiere reclamar el apoyo de la Cámara autonómica para «rechazar el contenido de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados y cuya aprobación definitiva conllevaría la regularización de más de 500.000 inmigrantes ilegales».