Para el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, la atención primaria es un «espacio sagrado» dentro del sistema público de salud. Esta es una de las reflexiones que expresó en la entrega del informe correspondiente al año 2022 al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre. Un documento que cifra en más de 30.000 las personas que acudieron el año pasado a la institución, que gestionó más de 12.000 quejas y otras 12.000 consultas.

Maeztu entró de lleno en el debate en torno a la sanidad, avivado por la reciente orden que pone precio a las prestaciones de cara a los conciertos. En este sentido, criticó que el primer escalafón asistencial se introdujera «de rondón» en el pacto social suscrito por la Junta con los sindicatos. A su juicio, que ese pacto contemplara los problemas de la atención primaria supuso un «elemento discordante» y reconoció que el debate sobre una posible privatización de la sanidad le preocupa «muchísimo». Maeztu abogó por articular una ley, al amparo del Estatuto de Autonomía, que garantice la prestación sanitaria pública, y no que se regule con simples normas.

Maeztu propuso la convocatoria de una mesa de diálogo con «actores importantes», como sindicatos médicos y representantes políticos, para «devolver el crédito y la confianza a la ciudadanía en sus sistema de salud, que se ha quebrado». «Esta situación exige un replanteamiento», señaló el Defensor, poniendo el acento en las reclamaciones laborales de los sanitarios, en las demoras en la asistencia y en la tarificación de las coberturas que «abre la puerta a la sanidad privada».

Junto a ello, alertó de que cada vez más personas se encuentran en una situación de exclusión digital, puesto que las administraciones y las entidades bancarias apuestan por una atención telemática. Se trata de personas migrantes, con un nivel educativo básico, ancianos o personas que viven en entornos rurales.