Seis años después del ajustado «sí» al Brexit, la preocupación continúa siendo la nota dominante entre los casi 10.000 trabajadores españoles que acuden a diario a Gibraltar a trabajar. Cómo afectará a los contratos el hecho de trabajar en un país extracomunitario, cómo serán los controles de acceso y salida, cuáles serán las consecuencias en las pensiones o cómo se articularán los movimientos de mercancías son algunas de las incógnitas que siguen sin resolverse. Cuestiones que afectan en gran medida a la ciudad limítrofe de La Línea, cuyo desarrollo depende de las buenas relaciones con la Roca.

Recientemente se reunieron los ministros de Exteriores de España y Reino Unido, José Manuel Albares y James Cleverly, que acordaron avanzar «lo más rápido posible» para alcanzar un acuerdo sobre las relaciones futuras de ambos países en relación con Gibraltar. Sin embargo, ese pacto sigue postergándose pese a las buenas intenciones expresadas por ambas partes. «En la Línea hay bastante preocupación», asegura a LA RAZÓN Lorenzo Pérez Periáñez, vicepresidente de la Asociación de Asesoramiento y Desarrollo Empresarial de La Línea (Aadell), quien recuerda que España y Reino Unido llegaron a un principio de acuerdo el 31 de diciembre de 2020 para fijar el encaje de la colonia. Posteriormente, se abrió una ronda de negociación, jalonada por una decena de encuentros técnicos. Sin embargo, «ahora nos encontramos en el punto de partida».

Ese principio de acuerdo contemplaba, entre otras medidas, la desaparición de las barreras físicas en la frontera, una vieja aspiración de los empresarios españoles y gibraltareños. Ahí parece estar uno de los principales escollos, ya que no habría acuerdo sobre quién debe ejercer el control. Si Gibraltar entra a formar parte del Espacio Schengen, existe un mandato de la Comisión Europea que dice que dicho control le corresponde al país que pertenece a la Unión Europea, que en este caso es España. Sin embargo, este extremo no lo acepta el Gobierno de Gibraltar, que propone que esta labor recaiga sobre los agentes de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

Este desencuentro «está creando mucha incertidumbre, ya que hay muchos empresarios gibraltareños que quieren invertir en La Línea, pero hasta que no haya un marco jurídico definido no se atreven», señala el representante empresarial, quien remarca que «la inversión siempre es cobarde y quiere estabilidad». Por lo que respecta a los trabajadores que acuden a diario a la Roca, temen que Gibraltar sea considerada una colonia de un país tercero y no haya libre circulación, con todo lo que implica a nivel de pasaportes y visados y no poder permanecer más de seis meses. «Este escenario puede ser dramático para las empresas de La Línea que surten a los clientes gibraltareños y para el turismo, ya que los linenses trabajan en el sector servicios de Gibraltar».

Aadell no quiere entrar en cuestiones políticas ni de soberanía. «Anteponemos los intereses de los ciudadanos y luchamos por que no se pierda la buena relación existente entre ambos pueblos», remarca Pérez Periáñez. «No creo que en pleno siglo XXI se alcance un acuerdo que pueda impedir que las familias se reúnan cada vez que quieran». De momento, se mantienen las condiciones previas al Brexit. «No se suelen generar colas para entrar o salir salvo que algún día pidan pasaportes a los pasajeros de algún vuelo». Sin embargo, reconoce que «esta situación no va a ser eterna», por lo que ambos países deberán encontrar la fórmula definitiva.

En el caso de que finalmente desaparecieran las barreras terrestres, hay productos que en Gibraltar gozan de una fiscalidad especial, como el alcohol, el tabaco o los perfumes. Al pasar a España tendrían que acogerse al régimen general del IVA y al arancelario. Pérez Periáñez apunta que este punto «es salvable». «Esos beneficios que perderían se compensan por la gran fluidez del turismo. Sería maravilloso que no hubiera verja, eso le daría un gran progreso y estabilidad a La Línea y a los empresarios gibraltareños».

Cabe recordar que ya existe un tratado fiscal entre ambos países, el primero que se firmó tras el de Utrech, que afecta a los empresarios españoles que tienen actividad económica en Gibraltar y viceversa. Sin embargo, Pérez Periáñez advierte de que España «todavía considera a Gibraltar como un paraíso fiscal, y eso perjudica a los trabajadores transfronterizos», que tienen unas condiciones más gravosas respecto a otros de zonas similares en la Unión Europea. «Por ejemplo, un trabajador de La Línea que acude a Gibraltar, si gana más de 12.000 euros al año, está sujeto a una doble imposición. En el caso de un trabajador catalán que trabaja en Francia o Andorra, el baremo sube hasta los 60.000 euros y solo tributa en el país donde trabaja».