Nayib Bukele, el polémico y populista líder de El Salvador

(AP). En los estrechos callejones del barrio de Las Palmas, controlado por pandillas, hay salvadoreños a los que no les preocupan las acciones de su presidente que tanto enfurecen a sus críticos.

No les molestan las maniobras dictatoriales de Nayib Bukele, como enviar tropas armadas al Congreso para forzar un voto o expulsar a magistrados independientes del principal tribunal del país, con lo cual abre el camino para controlar todos los poderes del Estado. Elogian sus ataques incesantes a los políticos que gobernaron El Salvador durante casi 30 años antes que él, y a las élites que se beneficiaron de su gobierno.

En este barrio de la capital salvadoreña están agradecidos por las cajas de alimentos básicos que han recibido del gobierno de Bukele durante la pandemia. Los adultos se enorgullecen y dicen que recibieron ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19 mucho antes que la mayoría de las demás personas en Centroamérica.

Y a pesar de que sus críticos condenan lo que consideran una peligrosa concentración de poder por parte de un líder carismático que viste tejanos y chamarras de cuero, Bukele disfruta de un índice de aprobación de más del 90% entre personas que vieron cómo tres de los cuatro expresidentes anteriores fueron encarcelados o se exiliaron por casos de corrupción.

“Ellos hablan de democracia, hablan de no sé qué más y todo eso”, dijo Julio López, un artista callejero de 60 años de Las Palmas. “Pero me da mucho gusto que estén sacando a esa clase de gente”.

Hasta ahora, la presidencia de Bukele es la historia en ciernes de una de las autocracias populistas más recientes de Latinoamérica: gastar mucho para repartir algunas cosas, calificar a los oponentes como enemigos, elevar el perfil de los militares. Como el expresidente Donald Trump, Bukele prefiere las redes sociales que las conferencias de prensa para poder controlar el mensaje, aunque no se pierde de ninguna buena oportunidad para salir en la foto y elevar su imagen.

El presidente ha convencido a la mayoría de los salvadoreños de que su gobierno trabaja contra la pobreza y la violencia de las pandillas, dijo Leonor Arteaga, directora de programas en la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), una organización regional para impulsar el estado de derecho con sede en Washington. “Nadie puede negar que efectivamente tiene un respaldo mayoritario de la población, y que ese respaldo lo está usando y lo está manipulando para hacer avanzar su agenda”.

Los residentes de Las Palmas dicen que reconocen la concentración de poder de Bukele, e inicialmente, al menos, parecen dispuestos a intercambiar los ideales democráticos por soluciones inmediatas a sus necesidades.

Rigoberto Castellanos, un trabajador de la construcción de 57 años de Las Palmas, dice que el Congreso anterior controlado por la oposición y los magistrados constitucionales expulsados eran espinas clavadas en Bukele que debían ser removidas.

Dijo que ahora la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección, pero si eso cambiara, “¿quién no gustaría tener al presidente otros cinco años más?”.

Bukele, de 39 años, un pragmático sin ideología, es el último de una serie de presidentes latinoamericanos de todo el espectro político que han usado las elecciones y su popularidad personal para acumular poder.

Durante casi tres décadas, El Salvador fue gobernado alternadamente por el partido conservador Arena y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), formado a raíz de la brutal guerra civil de El Salvador. Pero los partidos no cumplieron. Tanto Arena como el FMLN tuvieron presidentes que saquearon las arcas de El Salvador y dejaron a la sociedad con pocas oportunidades económicas, asediada por poderosas pandillas callejeras que extorsionaron y asesinaron con impunidad.

Bukele, un ejecutivo de publicidad por profesión, ascendió en las filas del FMLN de alcalde en una población pequeña a alcalde de San Salvador, la capital, hasta que el FMLN finalmente lo echó por negarse a seguir la línea del partido. Consolidó su estatus de renegado y formó su propio partido político, Nuevas Ideas, y ganó el voto presidencial en 2019.

Si bien las elecciones en El Salvador han sido consideradas libres, los críticos de Bukele dicen que el país ya no puede ser descrito como una democracia funcional.

Bertha María Deleón, una fiscal especializada en crimen organizado convertida en abogada defensora, conectó con Bukele en línea cuando como alcalde él retuiteó algunos de sus comentarios. Cuando tuvo problemas legales, le pidió a Deleón unirse a su equipo de defensa y gradualmente se convirtió en una asesora cercana, una de las pocas que no estaría de acuerdo con él a lo largo de cuatro años de trabajo juntos.

“Sabía que él es una persona muy impulsiva, muy inmaduro… como un eterno adolescente”, dijo Deleón. “Pero yo siempre percibí que era un hombre de buenas intenciones”. A ella le interesaba convertirse en su ministra de Justicia y Seguridad, pero no recibió la oferta.

Su paciencia con Bukele comenzó a desvanecerse poco después de que asumiera el cargo en junio de 2019, cuando comenzó a despedir a burócratas del gobierno via Twitter. Deleón dice que le advirtió que ese método era innecesariamente humillante para los empleados estatales que podían impugnar las acciones en los tribunales. Bukele la llamó “aguafiestas”.

La gota que derramó el vaso ocurrió el 9 de febrero de 2020. Bukele había estado enfrascado en una batalla con el Congreso, controlado por la oposición. Quería que los legisladores aprobaran la financiación de un plan de seguridad para controlar a las pandillas, pero ellos se habían rehusado a reunirse para una votación; dijeron que querían más información.

Ese domingo, policías fuertemente armados y soldados con equipo táctico entraron a la Asamblea Legislativa con Bukele. Cientos de partidarios que Bukele había reunido para presionar a los legisladores esperaban afuera. Los francotiradores tomaron posiciones en los tejados. Bukele tomó el asiento del presidente del organismo y oró.

“Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón” y expulsamos a los legisladores de la legislatura, dijo a sus partidarios fuera del edificio. “Pero yo le he preguntado a Dios y Dios me dijo: paciencia, paciencia, paciencia”.

Deleón estaba estupefacta. Tuiteó una foto de Bukele sentado en el estrado orando con un mensaje de burla. “Pura manipulación de masas. Esto sólo es una muestra de lo que nos espera cuando tenga la mayoría en la @AsambleaSV”.

El presidente la bloqueó en Twitter y comenzaron los ataques de los partidarios y troles de Bukele. Algunos amenazaron con violarla, asesinarla.

La oficina de Bukele rechazó las solicitudes para una entrevista, responder a preguntas y comentar para este artículo.

Pero la referencia de Deleón a lo que vendría si su partido ganaba la mayoría en el Congreso fue clarividente.

Un año después, Nuevas Ideas ganó una supermayoría en las elecciones legislativas. El 1 de mayo, el primer día que los nuevos legisladores tomaron posesión de su cargo, votaron para apartar y luego reemplazar a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general.

Mientras los legisladores se preparaban para votar, la policía rodeó la Corte Suprema. Un vehículo de patrullaje estaba estacionado afuera de la casa del presidente de la Corte Suprema. Los reemplazos de los magistrados, todos vinculados con Bukele o su partido, fueron escoltados después al edificio por la policía.

Bukele estaba complacido. “Sé que la mayoría del pueblo salvadoreño espera con ansias la segunda plenaria”, dijo.

Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso, dijo: “El Salvador está en un proceso de construcción de autoritarismo muy claro; hay todos los signos”.

Durante los dos primeros años de la administración de Bukele, los jueces constitucionales habían sido un contrapeso crítico de su poder. Sus críticos describieron una sensación de desesperanza al darse cuenta de que ahora no habría a dónde acudir.

En mayo, Deleón fue llamada a comparecer en la Fiscalía General de la República donde había trabajado durante siete años. Un nuevo fiscal general —anteriormente abogado personal del jefe de la Policía Nacional de Bukele— había sido nombrado. Ahora a Deleón le informaron que avanzaban con múltiples investigaciones en su contra.

“Ellos están resentidos por la crítica constante que yo he venido haciendo de la forma de gobernar de él”, dijo, y calificó los casos como infundados. “Esto es una utilización de la Fiscalía para amedrentarme”.

Los líderes empresariales y de los medios de comunicación enfrentan amenazas similares.

El Faro, un galardonado medio independiente de noticias de El Salvador, también ha sufrido ataques públicos por parte de Bukele y sus seguidores, una auditoría del gobierno. El personal del medio ha denunciado que los siguen extraños.

En septiembre pasado, Bukele dijo en televisión nacional que había una investigación abierta por lavado de dinero y evasión fiscal de El Faro. En enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno de El Salvador tomar medidas para proteger a los 34 miembros del personal de El Faro y permitirles realizar su labor periodística.

En mayo, en el Coloquio Iberoamericano de Periodismo Digital, el cofundador y director de El Faro, Carlos Dada, dijo: “Nos han amenazado. Hemos sido perseguidos. Hemos sido sujetos de campañas de difamación masivas”.

En una de sus primeras acciones, el nuevo Congreso eliminó una exención fiscal de décadas sobre el papel periódico importado, un golpe a los periódicos tradicionales del país, que también han sido críticos de la administración de Bukele.

Javier Simán, el presidente de la asociación empresarial más grande de El Salvador, dijo que ha sido sujeto de más de 100 auditorías gubernamentales. Su familia es dueña de un imperio minorista con tiendas departamentales en El Salvador y otras partes de Centroamérica, además de otros negocios.

Su crítica ha evolucionado desde lo que consideró como medidas de confinamiento draconianas al principio de la pandemia que golpearon la economía de El Salvador, hasta la más reciente concentración de poder de Bukele. Dijo que el Ministerio de Hacienda acosa a los empresarios que critican al gobierno.

“Sólo puede haber prosperidad cuando vives en un estado democrático, donde hay respeto a la ley, donde hay una separación de poderes, es decir, donde hay un estado de derecho”, dijo.

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El reverendo Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana fundada por los jesuitas en San Salvador, estuvo antes en Honduras y Nicaragua. Y no puede sacudirse la sensación de que ya ha visto lo que hoy ocurre en El Salvador: en la Nicaragua de Daniel Ortega.

Ortega controló el Poder Judicial. Después encarceló y exilió a la oposición.

“Tengo el temor, pero muy fundamentado, creo yo, de que están copiando el libreto de Nicaragua”, dijo Oliva.

Mark Schneider, asesor de The Americas Program y la Iniciativa de Derechos Humanos en el Center for Strategic & International Studies en Washington, dice que hasta ahora las acciones de Bukele están muy lejos de las de Ortega.

“En El Salvador, lo que se ve es que tienes que preocuparte por la dirección, y esperarías que Bukele escuchara, porque es tan popular en el país que no tiene que violar las leyes, no tiene que violar la Constitución”, dijo.

Ortega y Nicolás Maduro, de Venezuela, lideran el movimiento latinoamericano hacia gobiernos autocráticos. Si bien Maduro prácticamente ha aniquilado a la oposición desde hace mucho, en las últimas semanas Ortega encerró a cinco aspirantes a la presidencia y a más de una docena de otras figuras de la oposición mientras busca un cuarto mandato consecutivo en noviembre.

Jair Bolsonaro, de Brasil, y Andrés Manuel López Obrador, de México, también tienen estilos combativos, aunque de tendencias ideológicas opuestas. Ambos atacan a la prensa, los jueces y las organizaciones no gubernamentales críticos de sus administraciones. En contraste con El Salvador, las instituciones democráticas de sus países han logrado frenar hasta ahora algunos de sus impulsos más agresivos.

Los líderes de Honduras y Guatemala no gozan de la popularidad de otros, pero sus partidos han conseguido erosionar la independencia judicial y operar con impunidad.

En diferentes grados, los autócratas usan sus fuerzas militares para amplificar su poder. En El Salvador hay preocupación porque Bukele expande tanto el papel de los militares en la política como trabaja para asegurarse de que sean más devotos a él que a la Constitución.

Además de enviar soldados a la Asamblea Legislativa el año pasado, los ha utilizado para entregar cajas y costales de comida proporcionados por el gobierno.

Afuera del enorme Hospital El Salvador que Bukele construyó a principios de la pandemia, quienes dirigían el tráfico y guiaban a las personas que llegaban para recibir sus vacunas contra la COVID-19 eran soldados.

Un oficial militar de alto rango en retiro, quien solicitó el anonimato porque temía repercusiones contra su familia, dijo que Bukele había elegido a un oscuro oficial de la Fuerza Naval, alguien en deuda con él, para que fuera ministro de Defensa en lugar de alguien del Ejército, que es más poderoso.

“Está abusando de su naturaleza apolítica (de las fuerzas armadas)”, dijo.

A Bukele le gusta pedir a la gente que haga juramentos de lealtad improvisados. Lo hizo en su discurso de toma de posesión, días después durante una ceremonia militar, y más recientemente el 1 de junio, en el segundo aniversario de su toma de posesión al hablar ante la nueva Asamblea Legislativa.

Les pidió que juraran defender sus victorias, luchar pacíficamente contra cualquier enemigo u obstáculo y “no permitir que quienes nos hicieron sufrir tanto regresen jamás al poder, no permitir que saqueen nuestro país otra vez”.

El problema, dicen los críticos, es que Bukele define como “el enemigo” a todos los que se oponen a él y sus políticas.

Los expertos dicen que quizás el mayor reto de Bukele sea continuar su estilo populista mientras los recursos financieros de El Salvador disminuyen. La deuda de El Salvador creció más de 15% el año pasado, gran parte de ello relacionado con gastos por la pandemia, y en 2020 la relación de deuda con el PIB era del 89.9%. El nuevo Congreso ha aprobado mucho más desde el 1 de mayo.

Algunos creen que el impactante anuncio de Bukele este mes de que El Salvador adoptaría a la volátil criptomoneda bitcoin como moneda de curso legal junto con el dólar estadounidense podría ser una jugada para aumentar su margen de maniobra financiera.

También surgen preguntas sobre si puede sostener la caída sustancial en la tasa de homicidios. Cuando Bukele tomó posesión la tasa de homicidios era de alrededor de 50 por cada 100.000 habitantes, dijo Carlos Carcach, coordinador de investigación en la Escuela Superior de Economía y Negocios de San Salvador. Ahora está en los treinta y pocos por 100.000 habitantes, una tasa no vista en 15 años y muy lejana del pico de más de 100 asesinatos por 100.000 habitantes de 2015.

Las razones de la caída no son claras. La pandemia podría ser un factor. Bukele atribuye el crédito a su Plan Control Territorial para controlar a las pandillas con redadas, arrestos, incautaciones, la suspensión de las comunicaciones entre los líderes de las pandillas encarcelados y los libres, y el uso de soldados en labores de vigilancia. Otros creen que podría ser el resultado de un acuerdo secreto entre el gobierno y las pandillas callejeras dominantes para reducir los asesinatos, aunque Bukele ha negado esto y fue muy crítico de una tregua similar alcanzada por una administración previa.

“Es un misterio”, dijo Carcach.

Cualquiera que sea la razón, Bukele lo publicita como uno de los mayores logros de su gobierno. Carcach dijo que las pandillas todavía controlan territorio, extorsionan a los negocios e individuos, pero asesinan con menos frecuencia.

“Gana la pandilla porque la población sabe que los servicios del gobierno que básicamente son los paquetes, estas bolsas solidarias con alimentos, entran en la comunidad porque lo permite la pandilla”, dijo Carcach.

A pesar de lo popular que Bukele sea en el país, enfrenta una reacción hostil del exterior.

La administración Biden ha sido más cautelosa con Bukele que como fue con el gobierno de Donald Trump, quien parecía satisfecho con él siempre que la cifra de salvadoreños que emigraran hacia la frontera de los Estados Unidos disminuyera. Funcionarios de la administración criticaron públicamente la destitución de magistrados y del fiscal general. La semana pasada, el jefe del gabinete de Bukele, un líder del partido Nuevas Ideas y otros cercanos a la administración fueron incluidos en una lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos de figuras corruptas o que socavan la democracia. Ese mismo día, Bukele anunció que presionaría por un aumento del 20% en el salario mínimo.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional anunció que trasladaría toda la ayuda de las agencias gubernamentales de El Salvador a organizaciones de la sociedad civil. La jefa de la agencia, Samantha Power, vino a El Salvador y dio un discurso sobre democracia en el campus de Oliva.

Bukele ha respondido tratando de mejorar la relación de El Salvador con China. Pero con una cuarta parte de la población de El Salvador viviendo en los Estados Unidos y que envió alrededor de 6.000 millones de dólares en remesas el año pasado, nadie cree que China pueda comenzar a reemplazar los profundos lazos con los Estados Unidos.

En las últimas horas del 1 de mayo, cuando ocurrió un diluvio de condenas internacionales por la destitución de los magistrados y el fiscal general, Bukele se mostró desafiante.

“A nuestros amigos de la Comunidad Internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”.